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SII publica en Internet catálogo de esquemas tributarios que podrían considerarse elusivos

  • El objetivo es que el documento, que se actualizará periódicamente, funcione como una guía de consulta sobre los escenarios en que podría aplicarse la norma antielusión aprobada en la Reforma Tributaria.
  • Práctica es recomendada mundialmente y se utiliza con un enfoque eminentemente preventivo, de modo que tales normas se utilicen de manera excepcional.

En el marco de las acciones preventivas que desarrolla el organismo para facilitar y potenciar el correcto cumplimiento de la normativa por parte de los contribuyentes, el Servicio de Impuestos Internos publicó hoy en su página web un catálogo con ejemplos de esquemas tributarios en los que podría aplicarse la Norma General Antielusión, aprobada en la Reforma Tributaria, o bien alguna otra norma especial como las relativas a precios de transferencia y al endeudamiento con empresas relacionadas en el exterior.

El documento fue elaborado por especialistas del organismo sobre la base de 12 situaciones y casos concretos que se han presentado en los últimos años, con el objetivo de que funcione como una verdadera guía de consulta que oriente a los contribuyentes acerca de las estructuras y planificaciones que el SII estudiará para evaluar si persiguen eludir las obligaciones y generar ventajas tributarias artificiales y desproporcionadas.

De hecho, la elaboración de esta clase de catálogos-guía figura entre las recomendaciones y buenas prácticas internacionales en la materia, especialmente en el marco de la OCDE y de las instancias de coordinación de las Administraciones Tributarias de los distintos países, donde destaca actualmente el denominado Plan de acción BEPS contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que en su diagnóstico calcula que al año los países dejan de recaudar entre US$100 y US$250 billones por estas prácticas con el consiguiente daño al interés general.

El catálogo en cuestión incluye una explicación sucinta de las transacciones, configuraciones jurídicas, esquemas o planificaciones, ordenados de acuerdo a si sus principales efectos son a nivel doméstico nacional (EN) o internacional (EI) y si afectan principalmente los impuestos de las empresas (IE) o de los propietarios de éstas (IF).

Consultas y casos en revisión

Si bien desde su entrada en vigencia la Norma General Antielusión todavía no ha tenido una aplicación concreta, el SII está actualmente analizando cerca de una decena de casos que podrían corresponder a comportamientos elusivos, como por ejemplo la utilización abusiva de seguros financieros en el exterior con el propósito vulnerar el régimen de rentas pasivas de fuente extranjera del artículo 41G de la Ley de la Renta.

Paralelamente, está revisando otras 6 operaciones y esquemas de planificación que han sido presentados por los propios contribuyentes al organismo en calidad de consulta previa, como una forma de advertir en forma anticipada la eventual incorporación de aspectos que se aparten de la normativa legal, herramienta preventiva prevista en el artículo 26 bis del Código Tributario.

En este sentido, el SII ha desarrollado una importante labor preventiva, contactando a los responsables de diversas empresas para explicarles los aspectos generales de la normativa y recomendándoles poner especial atención frente al ofrecimiento de planificaciones que generan beneficios tributarios desproporcionados o la contratación de consultorías ubicadas en paraísos fiscales, por ejemplo.

Finalmente, el Director del SII, Fernando Barraza, reiteró que la Norma General Antielusión no tiene un fin recaudatorio en sí mismo, sino que está destinada a prevenir y controlar la obtención de ventajas tributarias indebidas por parte de algunos contribuyentes. Asimismo, aseguró que se hará una aplicación prudencial de la misma, utilizándola sólo en los casos excepcionales que así lo ameriten.

Bioequivalentes genéricos y de marca

El Servicio Nacional del Consumidor dio a conocer un estudio de precios de medicamentos que detectó grandes diferencias entre los medicamentos originales o innovadores y los bioequivalentes genéricos, es decir, aquellos que contienen el mismo principio activo y poseen la misma eficacia y seguridad que el original. El estudio constató que las mayores diferencias fluctúan entre un 1.110% y un 3.470% de diferencia entre los precios de los medicamentos analizados.

Ver noticia SERNAC presenta estudio junto a ISP y detecta diferencias de hasta 35 veces en el valor entre un bioequivalente genérico y su medicamento original

Ver presentación Estudio de precios de medicamentos bioequivalentes

En enero del 2016, el SERNAC presentó otro estudio que reveló diferencias de casi $30 mil en remedios de igual principio activo, producidos por un mismo laboratorio y vendidos en la misma farmacia.

Ver noticia Entre bioequivalentes: Diferencias de casi $30 mil en remedios de igual principio activo, producidos por un mismo laboratorio y vendidos en la misma farmacia

Ver estudio: Monitoreo de Precios de Productos Farmacéuticos Bioequivalentes en el Área Metropolitana.

¿Dónde encontrar más información de los medicamentos bioequivalentes?

Por definición un medicamento bioequivalente o equivalente terapéutico es aquel que habiéndose registrado como copia de un medicamento innovador, ha demostrado mediante estudios biofarmacéuticos que posee la misma eficacia y seguridad que el producto innovador, y que por ende son intercambiables.

En la web del ISP se encuentra el listado completo de medicamentos bioequivalentes, que actualmente abarcan 1263 registros que corresponden a 169 principios activos. Revise el listado aquí: http://bioequivalentes.ispch.gob.cl/

¿Qué hacer si presencia falta o irregularidad al solicitar un medicamento bioequivalente?

Si precencia falta o irregularidad al solicitar un medicamente bioequivalente, no olvide de dejar en el libro de reclamos de las farmacias su queja, ya que es un medio de prueba para que el ISP pueda iniciar un sumario si es necesario y aplicar la multa correspondiente. También puede ingresar reclamo en el sitio del SERNAC.

¿Qué son los medicamentos bioequivalentes?

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Minuta Informativa: Modificaciones a la Ley de Libre Competencia

por Javier Velozo, socio y director del Departamento de Libre Competencia y Pablo Pardo, asociado, Aninat Schwencke & Cía.

 

En Chile la libre competencia se encuentra resguardada por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del año 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211 del año 1973 (“DL 211”).

La función jurisdiccional de prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia recae en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (“TLDC”), mientras que la función de fiscalizar y perseguir posibles ilícitos ante dicho tribunal, sin perjuicio de la iniciativa de los particulares, se encuentra radicada en la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”).

En marzo de 2015 la Presidente de la República envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley, ingresado bajo el Boletín N° 9950-03, cuyo objeto fue modificar el DL 211. Dicha reforma legal fue aprobada el pasado 7 de julio de 2016 y publicada en el Diario Oficinal con fecha 30 de agosto del 2016 como la Ley N° 20.945 (“Nueva Normativa”).

Entre otras materias, la Nueva Normativa introduce los siguientes cambios:

  • Nuevo sistema de control de operaciones de concentración.
  • Elevación de las multas.
  • Importantes modificaciones en materia de colusión con el objeto de disuadir y sancionar con más fuerza este ilícito anticompetitivo, entre las que destaca la criminalización del delito colusorio.
  • Tipificación del interlocking como conducta anticompetitiva sancionable.
  • Establecimiento de un deber de información en relación a operaciones de adquisición de empresas competidoras.
  • Nuevo procedimiento para acciones indemnizatorias derivadas de ilícitos anticompetitivos.

La presente minuta tiene por objeto explicar las principales características del nuevo sistema de control de operaciones de concentración. En particular, distingue qué operaciones deberán ser notificadas obligatoriamente a la FNE y describe el procedimiento y sanciones aplicables. Además, se explica brevemente las nuevas disposiciones la adquisición de participaciones en empresas competidoras.

 

Incorporación de un Nuevo Sistema de Control de Operaciones de Concentración

  1. Sistema Actual de Control de Operaciones de Concentración.

Actualmente el DL 211 no regula de manera expresa y directa el control de operaciones de concentración, por lo que, hasta la entrada en vigencia de la Nueva Normativa, constituye una materia sujeta a las normas generales que protegen la libre competencia.

En este contexto, la competencia para calificar la licitud de las operaciones de concentración recae en el TDLC, organismo que a requerimiento de la FNE o de los particulares, ejerce esta facultad administrativa preventivamente bajo un procedimiento no contencioso; o bien de manera ex post, en el marco de un proceso jurisdiccional contencioso e infraccional.

Cuando actúa preventivamente, el TDLC realiza esta calificación de licitud analizando las posibles restricciones a la competencia que puede generar la operación, en contraste con las eficiencias u otros beneficios que ésta puede reportar. No existe certeza acerca de la licitud de una operación de concentración hasta que el TDLC emite un pronunciamiento definitivo, el que demora en promedio 8 meses y puede ser revisado por la Corte Suprema, que tarda, también en promedio, 6 meses en emitir un pronunciamiento[1].

La FNE, en cambio, sí ha formulado criterios que delimitan su función fiscalizadora. Entre ellos destaca la definición de umbrales en base al Índice Herfindhal Hirschman (“IHH”) bajo los cuales, generalmente, no dará inicio a un proceso de fiscalización de una operación de concentración.

Sin embargo, los criterios de la FNE sólo comprometen la actividad fiscalizadora de esta autoridad y no obstan al cuestionamiento que puedan realizar los particulares ante el TDLC.

 

  1. Características del Nuevo Sistema de Control de Operaciones de Concentración.

Producto de la incerteza jurídica que genera el escenario actual, la Nueva Normativa vino a regular de un modo específico el control operaciones de concentración.

En conformidad a esta nueva regulación, algunas operaciones de concentración, dependiendo de su importancia económica, deberán ser notificadas obligatoriamente a la FNE para que ésta analice su licitud, sin perjuicio de que las demás operaciones puedan ser notificadas voluntariamente por las partes involucradas.

Las principales características del nuevo sistema son:

  1. La celeridad, por cuanto las partes de una operación de concentración obtendrán una decisión en un corto periodo de tiempo establecido por Ley; y,

 

  1. La certeza jurídica, toda vez que, según lo dispuesto en el nuevo texto del artículo 32 del DL 211, los actos ejecutados en conformidad a las resoluciones que dicte la FNE o el TDLC en materia de control de operaciones no acarrean responsabilidad infraccional.

 

Sobre este último aspecto, es importante destacar que, como un cambio transcendental, la Nueva Normativa entrega a la FNE las facultades para realizar el examen de licitud y solo en casos excepcionales el TDLC podrá revisar sus decisiones.

 

  1. Definición de Operaciones de Concentración.

En su nuevo artículo 47, el DL 211 define ampliamente “operaciones de concentración”, como “todo hecho, acto o convención, o conjunto de ellos, que tenga por efecto que dos o más agentes económicos que no formen parte de un mismo grupo empresarial y que sean previamente independientes entre sí, cesen en su independencia en cualquier ámbito de sus actividades”.

Según establece la norma, estas operaciones podrán ser materializadas a través de (i) fusiones propiamente tales; (ii) adquisición de derechos que permitan influir decisivamente en la administración de un agente económico; (iii) Joint Ventures[2]; y, (iv) adquisición de activos.

Por otro lado, se define “agente económico” como “toda entidad, o parte de ella, cualquiera sea su forma de organización jurídica o aún cuando carezca de ella, que desarrolle o haya desarrollado directa o indirectamente actividades empresariales, ofreciendo o demandando bienes o servicios. Se considerará asimismo como un agente económico al conjunto de activos tangibles o intangibles, o ambos, que permitan el desarrollo de una actividad empresarial”.

 

  1. Umbrales.

Se establece la obligación de notificar las operaciones de concentración que superen ciertos umbrales, en base a los montos de venta de los agentes económicos involucrados en las operaciones de concentración[3].

Se establecen los siguientes umbrales copulativos:

  1. Que la suma de las ventas en Chile de los agentes económicos que proyectan concentrarse haya alcanzado, durante el ejercicio anterior a aquel en que se verifica la notificación, montos iguales o superiores a UF 1.800.000 (aprox. $US 72.000.000); y,
  2. Que en Chile, por separado, al menos dos de los agentes económicos que proyectan concentrarse hayan generado ventas, durante el ejercicio anterior a aquel en que se verifica la notificación, por montos iguales o superiores a UF 290.000 (aprox. $US 11.500.000).

Además, la Nueva Normativa precisa el modo en que se calcularán las ventas para efectos de determinar los umbrales.

En el caso de fusiones y joint ventures, se tomarán en consideración las ventas en Chile de los agentes económicos que se fusionan o se asocian, y las de sus respectivos grupos empresariales. Tratándose de adquisición de derechos que otorguen influencia decisiva en la administración de un agente económico, se tomarán en consideración las ventas en Chile del agente económico que adquiere tal influencia decisiva, las de su grupo empresarial, y las del agente económico adquirido. Finalmente, en cuanto a la adquisición de activos, se tomarán en consideración las ventas en Chile del agente económico que adquiere los activos, las de su grupo empresarial, y las ventas generadas con los activos adquiridos.

Todos los agentes económicos que proyecten una operación que supere los umbrales referidos tendrán la obligación de notificar a la FNE de forma previa a su perfeccionamiento.

Asimismo, una vez efectuada la referida notificación, las partes de la operación deberán suspender su perfeccionamiento hasta que dicha entidad fiscalizadora o, en su caso, el TDLC, emita pronunciamiento respecto de su licitud.

 

  1. Notificación Voluntaria.

Los agentes económicos que proyecten concentrarse y no superen los umbrales señalados, podrán seguir dos caminos alternativos:

  1. Concretar la concentración, en cuyo caso la operación podría igualmente ser fiscalizada por la FNE en conformidad a las normas generales, dentro del plazo de un año desde perfeccionada la operación; o,
  2. Notificar la operación de concentración a la FNE voluntariamente antes de su perfeccionamiento, en cuyo caso se aplicará mismo procedimiento de las notificaciones obligatorias.

 

  1. Estándar de Calificación de Licitud.

Al realizar el examen de licitud, la FNE, o el TDLC en su caso, analizarán si la operación de concentración reduce sustancialmente la competencia en los mercados concernidos.

Aunque la Nueva Normativa no lo señala de un modo expreso, siguiendo el derecho comparado y el propio criterio que la FNE actualmente aplica en las investigaciones de control de concentraciones[4], este análisis sustantivo consistirá en una comparación, por un lado, de la eficiencia y otros beneficios de la operación; y, por el otro, de los efectos anticompetitivos unilaterales, coordinados y/o de conglomerado que ésta pueda generar.

 

  1. Procedimiento.

Junto con la notificación, deberán acompañarse: (i) los antecedentes necesarios para identificar la operación de que se trata y a los agentes económicos involucrados; (ii) los antecedentes que permitan evaluar preliminarmente los eventuales riesgos anticompetitivos de la operación; y (iii) una declaración de las partes en la que se indique que, de buena fe, pretenden llevar a cabo la operación notificada[5].

Una vez recibida la notificación, la FNE tendrá 10 días para determinar si ha sido presentada de manera completa, caso en el cual dará inicio a la investigación. Ante el silencio de la entidad fiscalizadora en dicho plazo, se entenderá que la notificación ha sido considerada completa y se iniciará de pleno derecho la investigación.

Si la notificación es considerada incompleta, el notificante tendrá 10 días para subsanarla, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada.

El procedimiento de investigación se inicia con la resolución de la FNE que establece que la notificación es completa o, en su caso, una vez transcurridos 10 días sin que dicha entidad se pronuncie al respecto.

Se distinguen dos fases en el procedimiento, una obligatoria y otra eventual.

 

  • Fase 1 o Fase Obligatoria.

En la Fase 1, la FNE deberá rápidamente determinar si la operación merece ser investigada en virtud de eventuales riesgos anticompetitivos que pueda generar, estableciéndose al efecto un plazo de hasta 30 días contados desde el inicio de la investigación.

Dentro de estos treinta días, la FNE podrá:

  1. Aprobar pura y simplemente la operación;

 

  1. Aprobar la operación bajo condiciones que hubieren ofrecido las partes (“Medidas de Mitigación”); o,

 

  • Extender la investigación a la Fase 2, por un máximo de 90 días adicionales.

Si nada señala la FNE dentro del plazo de la Fase 1, se entenderá que la operación es aprobada, incluyendo, en su caso, las Medidas de Mitigación ofrecidas por el notificante.

Tanto la resolución que da inicio a la investigación, como la resolución que pone término a la Fase 1 –sea que ésta apruebe la operación pura y simplemente o imponga alguna condición o Medida de Mitigación, o bien, que ordene la extensión de la investigación- serán publicadas en el sitio web de la FNE, resguardando la información confidencial del notificante.

 

  • Fase 2 o Fase Eventual.

En una eventual Fase 2, la FNE podrá investigar y analizar en mayor profundidad la operación, estableciéndose al efecto un plazo de hasta 90 días contados desde la resolución que pone fin a las Fase 1.

La resolución que da inicio a esta fase será notificada a las autoridades directamente concernidas y los agentes económicos que puedan tener interés, para que en el plazo de 20 días aporten antecedentes. Otros agentes económicos, que no hubieren recibido la comunicación, también podrán aportar antecedentes dentro de dicho plazo, el que se contará desde la publicación de la resolución en el sitio web de la FNE.

Una vez iniciada la Fase 2, el expediente en el que se tramite la notificación será público, sin perjuicio de que ciertas piezas puedan ser declaradas confidenciales o reservadas por la FNE, de oficio o a petición de parte.

En esta fase la FNE podrá:

  1. Aprobar pura y simplemente la operación;

 

  1. Aprobar la operación, bajo condición de aplicarse las Medidas de Mitigación ofrecidas por las partes; o,

 

  • Prohibir la operación.

Si nada señala la FNE dentro del plazo establecido para la Fase 2, se entenderá que la operación es aprobada, en su caso, incluyendo las Medidas de Mitigación ofrecidas por el notificante.

 

  1. Suspensión del Procedimiento.

De común acuerdo, la FNE y el notificante podrán suspender el procedimiento, por una sola vez en cada fase. En la Fase 1, podrá suspenderse el procedimiento hasta por 30 días; y, en la Fase 2, hasta por 60 días.

Además, el procedimiento se suspenderá cada vez que el notificante ofrezca Medidas de Mitigación, por 10 días en la Fase 1, y por 15 días en la Fase 2.

 

  1. Facultades excepcionales del TDLC y la Corte Suprema.

Sólo la resolución dictada en la Fase 2 que prohíba la operación, podrá ser objeto de recurso de revisión especial, el que deberá interponerse dentro de 10 días desde dictada la resolución y será conocido por el TDLC.

Interpuesto el recurso, el TDLC solicitará la remisión del expediente a la FNE y, dentro del plazo de 60 días contados desde que son recibidos los antecedentes, se celebrará una audiencia pública citando al efecto a todos los intervinientes.

En el plazo de 60 días contados desde celebrada la audiencia pública, el TDLC dictará sentencia, en la que podrá: a) confirmar la decisión de la FNE; o, b) revocar la decisión y aprobar la operación.

La sentencia revocatoria podrá aprobar la operación de concentración pura y simplemente o bajo condición de aplicarse las Medidas de Mitigación ofrecidas por las partes.

Adicionalmente, y a diferencia de la FNE, el TDLC tendrá la facultad de aprobar la operación bajo condición de aplicarse Medidas de Mitigación distintas a las ofrecidas por el notificante.

La sentencia que dicte el TDLC no podrá ser objeto de ulterior recurso, salvo que apruebe la operación bajo condiciones distintas a las ofrecidas por el notificante, caso en el cual podrá interponerse recurso de reclamación, el que será conocido por la Excma. Corte Suprema.

 

  1. Adquisición de participaciones en empresas competidoras.

Al margen del sistema de control de operaciones de concentración, el artículo 4 bis de la Nueva Normativa impone el deber de notificar a la FNE la adquisición, por parte de una empresa, o de alguna entidad integrante de su grupo empresarial, de participación directa o indirecta, de más de un 10% del capital de una empresa competidora, considerando tanto sus participaciones propias como aquellas administradas por cuenta de terceros.

La notificación debe practicarse dentro de los 60 días siguientes al perfeccionamiento de la adquisición y, en su mérito, la FNE podrá iniciar una investigación para determinar si la adquisición constituye un ilícito anticompetitivo.

Al igual como sucede respecto de las operaciones de concentración, se establece un umbral sobre el cual resulta obligatorio realizar esta notificación.

Dicho umbral consiste en que la empresa adquirente, o su grupo empresarial, y la empresa cuya participación se adquiere tengan, cada una por separado, ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro, que excedan las 100 mil unidades de fomento (aprox. US$ 4.000.000) en el último año calendario.

Por consiguiente, aún cuando no se trate de una operación que permita influir decisivamente en la administración de una compañía competidora, deberá ponerse en conocimiento de la misma a la FNE para que analice los eventuales riesgos de coordinación.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con el control de operaciones de concentración, este deber de notificación opera de manera ex post.

 

  1. Sanciones.

Conforme a lo dispuesto en el nuevo artículo 3 bis del DL 211, en lo atingente al nuevo sistema de control de concentraciones, se establecen las siguientes sanciones:

  1. Ante el incumplimiento del deber de notificar una operación de concentración que supere los umbrales, se aplicará una multa de 20 unidades tributarias anuales (aprox. US$ 17.000) por cada día de atraso, contado desde el perfeccionamiento de la operación; y,
  2. En caso de que se contravenga el deber de suspender el perfeccionamiento de la operación; se perfeccione una operación prohibida por la FNE o el TDLC; se incumpla una Medida de Mitigación impuesta por la FNE o el TDLC como condición para la aprobación de una operación; o, se incumpla el deber de notificar la adquisición parcial del capital de una empresa competidora; dichas conductas serán objeto de las sanciones generales que establece el artículo 26 del DL 211.

Estas sanciones generales, en conformidad a la Nueva Normativa, son las siguientes:

  1. La orden de modificar o poner término a actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contrarios al DL 211;

 

  1. La modificación o disolución de sociedades y demás personas jurídicas que hubieren intervenido en los hechos ilícitos anticompetitivos, y,

 

  1. Multas a beneficio fiscal que podrán determinarse, alternativamente: (i) hasta por una suma equivalente al 30% de las ventas del infractor correspondientes a la línea de productos o servicios asociada a la infracción durante el período por el cual ésta se haya extendido; o, (ii) hasta el doble del beneficio económico reportado por la infracción. En el evento de que no sea posible determinar las ventas ni el beneficio económico obtenido por el infractor, podrán aplicarse multas hasta por una suma equivalente a 000 unidades tributarias anuales (aprox. US$ 50.000.000).

  1. Entrada en Vigencia.

La Nueva Normativa entró en vigencia el 30 de agosto del 2016, fecha de publicación en el Diario Oficial.

 

Lo anterior aplica en términos generales, salvo las excepciones que se indican en el artículo primero transitorio, entre ellas, las disposiciones que establecen el nuevo sistema de control de operaciones de concentración, las que, conforme al artículo primero transitorio de la Nueva Normativa, regirán a partir del primer día del sexto mes siguiente a la fecha en que se publique en el Diario Oficial la resolución que establezca los umbrales que fija la ley respecto a dichas operaciones.

 

Dado que la Resolución Exenta N° 667 de la FNE que fija los umbrales fue publicada en el Diario Oficial el pasado 1° de diciembre de 2016, el nuevo sistema de control de operaciones de concentración entrará en vigencia el 1° de junio de 2017.

 

Anexo

Esquema Nuevo Procedimiento de Control de Operaciones de Concentración

FASE 1 – Duración Máxima 30 días – Prorrogable hasta por 30 días adicionales de común acuerdo
 

ü Notificación a la FNE de operación de concentración conforme al art. 48.

ü FNE evalúa dentro de 10 días[6] y determina si la notificación es

(i) Completa, o;

(ii) Incompleta.

ü Si es completa -> FNE inicia investigación[7] y comunica[8] al notificante.

ü Si es incompleta -> FNE ordena subsanar dentro de 10 días -> Si no se subsana, se tiene por no presentada la notificación

ü Si FNE nada hace dentro de plazo -> Inicio de oficio de la investigación

 

ü Dentro de 30 días siguientes a la fecha de inicio de investigación, el Fiscal debe:

(i) Aprobar la operación notificada en forma pura y simple

(ii) Aprobar la operación notificada, a condición de que se dé cumplimiento a las medidas ofrecidas por el notificante

(iii) Extender la investigación hasta por un máximo de 90 días adicionales (Fase 2)

ü Si nada hace dentro del plazo de 30 días sin tomar alguna de las decisiones señaladas, se entiende aprobada la operación.[9]

 

 

 

FASE 2 – Duración Máxima 90 días – Prorrogable hasta por 60 días adicionales de común acuerdo
 

ü Si el Fiscal decide extender plazo, deberá comunicarlo a autoridades o agentes económicos directamente concernidas en la operación, quienes podrán aportar antecedentes dentro de 20 días;

ü Otros terceros interesados podrán aportar antecedentes dentro de 20 días desde publicada en el sitio electrónico de la FNE la resolución que ordene extensión

ü Dentro del plazo establecido en la resolución de extensión, el Fiscal deberá:

(i) Aprobar la operación notificada en forma pura y simple

(ii) Aprobar la operación notificada, a condición de que se dé cumplimiento a las medidas ofrecidas por el notificante

(iii) Prohibir la operación notificada[10]

ü Si nada hace dentro del plazo de 30 días sin tomar alguna de las decisiones señaladas, se entiende aprobada la operación[11]

 

Término Anticipado Del Procedimiento
 

ü Por resolución fundada del Fiscal Nacional Económico, cuando el notificante:

(i) Se desista de la notificación: Comunicación escrita al Fiscal

(ii) Abandone la notificación: Cuando en 2 o más ocasiones (i) no responde en tiempo y forma requerimientos de información del Fiscal; o (ii) los representantes legales no concurren a declarar

 

 

Recurso de Revisión Especial ante el TDLC
 

ü Sólo procede contra resoluciones dictadas en la Fase 2 que prohíban una operación de concentración.

ü Recurso debe interponerse dentro de 10 días desde dictada la resolución.

ü Dentro de 60 días desde recibidos los antecedentes, el TDLC fijará una audiencia pública en que serán oídos la FNE, el notificante y quienes hubieren aportado antecedentes;

ü Dentro de 60 días desde celebrada la audiencia se dictará sentencia, la que deberá:

(iii) Confirmar resolución de la FNE;

(iv) Revocar resolución de la FNE, aprobando la operación pura y simplemente

(v) Revocar resolución de la FNE, aprobando la operación a condición de que se dé cumplimiento a las medidas ofrecidas por el notificante

(vi) Revocar resolución de la FNE, aprobando la operación a condición de que se dé cumplimiento a medidas distintas a las ofrecidas por el notificante

ü La sentencia que apruebe la operación de modo descrito en el numeral (iv) precedente, podrá ser objeto de recurso de reclamación ante la Corte Suprema.

 

 

 

Derechos Del Notificante
 

ü Solicitar a la FNE información respecto del curso de la investigación

ü Se le informe de los riesgos que la operación puede producir a la libre competencia

ü A ser oído

ü A manifestar a la FNE opinión respecto de:

(i) la operación notificada

(ii) los antecedentes aportados por terceros

(iii) la investigación

(iv) informar que le hubiere sido suministrada respecto de la investigación o los riesgos a la libre competencia de la operación notificada

ü Proponer diligencias investigativas

ü Ofrecer, por escrito, a la FNE medidas para mitigar riesgos para la libre competencia

 

 

 

ANINAT SCHWENCKE & CIA.

 

[1] En todo caso, la Nueva Normativa modificó el artículo 18 N°2 del 211, excluyendo expresamente de la competencia del TDLC los actos o contratos existentes o por celebrarse que configuren operaciones de concentración. Por consiguiente, hasta que el nuevo sistema de control de operaciones de concentración entre en vigencia, es dudoso que el TDLC pueda conocer de la licitud de una operación de concentración en un proceso no contensioso.

[2] El joint venture se considera como una operación de concentración, en la medida de que conforme un “agente económico independiente”. En este aspecto, la Nueva Normativa claramente sigue al modelo del Derecho de la Unión Europea, que aplica la regulación de control de concentraciones a los denominados Full Function Joint Ventures. Es importante destacar que aquellos Joint Ventures que no cumplan con este criterio de independencia económica igualmente podrán ser investigados bajo el artículo 3 del DL 211, en su calidad de acuerdos verticales u horizontales.

[3] Conforme establece la Nueva Normativa, los umbrales deben ser fijados por la FNE. Con fecha 24 de noviembre del 2016, mediante Resolución Exenta N° 667, la FNE fijó dichos umbrales.

[4] Ver “Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración”; FNE; octubre de 2012.

[5] Actualmente la FNE sometió a consulta ciudadana el reglamento que detalla los antecedentes que deberán acompañarse al realizar la notificación y que contempla un mecanismo de notificación simplificada para ciertas operaciones de concentración.

[6] Los plazos de días establecidos en este Título serán de días hábiles, entendiéndose por tales todos aquellos que no sean sábados, domingos o festivos.

[7] La resolución que ordene el inicio de la investigación será publicada resguardando la información confidencial de los notificantes.

[8] Las comunicaciones, solicitudes y notificaciones efectuadas a los notificantes podrán ser realizadas por correo electrónico o por cualquier otro medio electrónico idóneo.

[9] La autorización se considerará en los términos ofrecidos por el notificante, incluyendo las medidas que éste hubiere propuesto.

[10] Procede recurso de revisión especial, fundado, dentro de 10 días ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

[11] La autorización se considerará en los términos ofrecidos por el notificante, incluyendo las medidas que éste hubiere propuesto.

Nueva Ley de Tramitación Electrónica

La Ley Nº 20.886 establece la tramitación digital de los procedimientos judiciales, terminando con la materialidad de los procesos, modificando el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil. Es una nueva manera de tramitar las causas en todos los tribunales que forman parte del Poder Judicial, terminando con la materialidad del proceso al requerir que el ingreso de las demandas y de todos los escritos se realice de forma electrónica, así como también las resoluciones y actuaciones del tribunal, las que además contarán con firma electrónica avanzada.

La ley se publicó el 18 de diciembre de 2015.

La entrada en vigencia de la Ley es diferida y se divide en dos etapas:

  • 18 de junio de 2016 en las jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.
  • 18 de diciembre de 2016 en las jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones de Valparaíso, Santiago, San Miguel y Concepción.

Toda la información en www.tramitacionelectronica.cl

LEY N° 21.015, QUE INCENTIVA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL MUNDO LABORAL, ‘LEY DE INCLUSIÓN LABORAL’

Rodrigo Ugarte B.
Socio Área Laboral

El 15 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.015, que
incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral (en adelante
‘Ley de Inclusión Laboral’).
Esta normativa incorpora modificaciones al Código del Trabajo y a la Ley
N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social
de personas con discapacidad.
El 1° de febrero de 2018, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto N°64, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento del Capítulo
II ‘De la Inclusión laboral de Personas con Discapacidad’, del Título III del Libro I
Del Código Del Trabajo (en adelante, el ‘Reglamento’), incorporado por la ley en
comento, estableciendo parámetros y demás elementos necesarios para la aplicación
práctica de la nueva Ley de Inclusión Laboral (esto es, su ‘vigencia’).

EXIGENCIAS AL EMPLEADOR.
La Ley N°21.015 introduce los nuevos artículos 157 bis y 157 ter del Código del
Trabajo, que imponen obligaciones y requisitos a las empresas con el objetivo de
incluir en el mercado laboral a las personas con discapacidad.
En primer lugar, el artículo 157 bis establece que las empresas de 100 ó más
trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos el
1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez
de cualquier régimen previsional, en relación al total de sus trabajadores.
Tratándose de personas con discapacidad, deberán contar con la calificación y
certificación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (en adelante, también
COMPIN).
Asimismo, el empleador deberá registrar los contratos de trabajo de las personas con
discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez, así como sus modificaciones
y términos, dentro de los quince días siguientes a su celebración, en la plataforma
virtual que la Dirección del Trabajo habilitará al efecto, institución que, además,
llevará un registro actualizado de los contratos ingresados por cada empleador.
A este respecto se debe tener presente que si bien la normativa se refiere a ‘empresas’,
este concepto debe ser interpretado armónicamente con el concepto de ‘empleador’
vigente en la legislación laboral, particularmente en relación con el inciso 4° del
artículo 3° del Código del Trabajo que establece que “dos o más empresas serán
consideradas como un solo empleador para efectos laborales y previsionales, cuando
tengan una dirección laboral común, y concurran a su respecto condiciones tales
como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que
elaboren o presten, o la existencia entre ellas de un controlador común”.
De esta forma, el Reglamento señala en el artículo 1° inciso segundo que para estos
efectos, “tratándose de dos o más empresas que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 3º del Código del Trabajo, hayan sido consideradas como un solo empleador,
el total de trabajadores comprenderá la suma de los dependientes del conjunto de
empresas, conforme al promedio que se indica en el artículo 6”.
Asimismo, la Dirección del Trabajo (Orden de Servicio N°4137/101 de 05 de
septiembre de 2017), ha indicado que “una interpretación armónica de dichas
disposiciones permite concluir que la obligación de reserva legal de contratación de
personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier
régimen previsional, se hará efectiva respecto de cada empresa de cien o más
trabajadores, salvo que dos o más empresas sean declaradas judicialmente empleador
único para efectos laborales y previsionales, por parte de los Tribunales Laborales, en
cuyo caso, se considerará la suma total de trabajadores en su conjunto”.

DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE
CUOTA INCORPORADA POR LA LEY DE INCLUSIÓN LABORAL.
Como se ha señalado anteriormente, la obligación de cuota establecida en la Ley de
comento, recae sobre las empresas que tengan un número total de trabajadores de 100
ó más.
Para determinar el número total de trabajadores de la empresa se seguirán las
siguientes reglas:
La empresa deberá considerar el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre del año anterior, o bien, desde su inicio de actividades y hasta el 31 de
diciembre de ese año.
El número total de trabajadores de la empresa equivaldrá a la suma del número de
trabajadores de cada mes del año calendario, cuyo resultado será dividido por 12, o
por el número de meses que corresponda, en caso de haber iniciado actividades en
forma posterior al 1º de enero.
El número de trabajadores de cada mes corresponderá al número total de trabajadores
de la empresa al último día del mes respectivo.
El número de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez
que deberán ser contratados por la empresa corresponderá al 1% del número total de
trabajadores de la empresa. Si de este cálculo resultare un número con decimales, se
aproximará al entero inferior.
Las empresas que, conforme a la operación anterior, resulten obligadas de
conformidad a la Ley, deberán enviar una comunicación electrónica a la Dirección del
Trabajo, a través de la página web de la entidad o mediante otra modalidad que el
organismo establezca al efecto, en que informen el número total de trabajadores y el
número de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez que
deban ser contratadas.
En esta misma comunicación, las empresas deben informar el número de contratos
vigentes que mantienen con personas con discapacidad o asignatarios de una pensión
de invalidez. Esta comunicación deberá ser enviada en el mes de enero de cada año.
Aquellas empresas que, por razones fundadas, no puedan cumplir total o parcialmente
la obligación de contratación, deberán informar esta circunstancia en la comunicación
señalada en el párrafo anterior, indicando la razón invocada y la medida subsidiaria de
cumplimiento adoptada.

REQUISITOS PARA CONTRATAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O
ASIGNATARIOS DE UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ.
En conformidad al artículo 2° inciso primero del Reglamento, se entenderá por
persona con discapacidad aquella que, teniendo una o más deficiencias físicas,
mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o
permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o
restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones
con las demás.
Luego, el artículo 157 bis inciso 2° del Código del Trabajo establece como supuesto
previo a la contratación, que las personas con discapacidad cuenten con la calificación
y certificación señaladas en el artículo 13 de la ley N°20.422, que es aquella realizada
por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y por las instituciones
públicas o privadas, reconocidas para estos efectos.
Por su parte, el artículo 3° del Reglamento indica que se entenderá por persona
asignataria de pensión de invalidez aquella que, sin estar en edad para obtener una
pensión de vejez, recibe una pensión de cualquier régimen previsional a consecuencia
de una enfermedad, accidente o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales
que causen una disminución permanente de su capacidad de trabajo.
La calidad de persona con discapacidad o asignataria de pensión de invalidez de
cualquier régimen previsional será verificada a través de la certificación en el Registro
Nacional de Discapacidad llevado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y
los registros disponibles en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social.
Asimismo, esta nueva normativa establece una obligación de publicidad para el
empleador, puesto que deberá registrar en el sitio electrónico de la Dirección del
Trabajo los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad o
asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, dentro de
los quince días hábiles siguientes a su celebración, así como sus modificaciones y
término.
Este registro se deberá realizar en la página web de la Dirección del Trabajo (artículo
157 bis inciso tercero del Código del Trabajo y artículo 5° del Reglamento).
De esta forma, la Dirección del Trabajo deberá implementar un sistema informático
para que el empleador registre electrónicamente los contratos de trabajo, anexos o
términos de aquellos, al tenor de dicha disposición. Según ha señalado la Dirección
del Trabajo, uno de los objetivos de esta obligación de registro, es facilitar y tener
mayor cobertura para efectos de realizar la fiscalización del cumplimiento de esta
normativa y, también, tener información actualizada para evaluar los resultados de
implementación de la ley.

ENTRADA EN VIGENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE
INCLUSIÓN LABORAL.
El legislador ha dispuesto que la Ley de Inclusión Laboral tenga vigencia diferida,
condicionándola a la publicación de reglamentos dictados por el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.
Respecto a la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, la disposición
primera transitoria establece que entrará en vigencia el primer día del mes
subsiguiente a la publicación en el diario oficial del Reglamento del Ministerio del
Trabajo y Previsión Social.
Como se ha señalado, el 1° de febrero de 2018, fue publicado en el Diario Oficial el
Reglamento en cuestión, por lo que la Ley de Inclusión Laboral entrará en vigencia el
1° de abril de 2018.
No obstante, por expresa disposición del legislador, las empresas de 100 y hasta 199
trabajadores, estarán sujetas al porcentaje mínimo de contratación establecido en la
Ley de Inclusión Laboral, a partir del 1° de enero del año 2019.
Por lo tanto, las empresas de 200 ó más trabajadores estarán sujetas a la obligación de
contratación desde el 1° de abril de 2018.
Con todo, durante los dos primeros años contados desde la entrada en vigencia de la
Ley de Inclusión Laboral, las empresas podrán optar por cumplir con la obligación de
contratar personas con discapacidad o pensionados por invalidez por medio de alguna
de las medidas alternativas señaladas en el capítulo anterior, sin necesidad de señalar
una razón fundada.
Por último, durante el primer año contado desde la entrada en vigencia de la
obligación de contratación incorporada por la Ley de Inclusión Laboral, las empresas
tendrán un plazo de seis meses para registrar en el sitio electrónico de la Dirección del
Trabajo, los contratos de trabajos vigentes de las personas con discapacidad o
asignatarias de una pensión de invalidez.

CUMPLIMIENTO SUBSIDIARIO DE LA CUOTA LABORAL.
El nuevo artículo 157 ter del Código del Trabajo habilita a las empresas que, por
razones fundadas, no puedan cumplir total o cabalmente con la reserva de empleo
establecida para las personas con discapacidad o pensionadas por invalidez, a dar
cumplimiento subsidiario a esta exigencia, ejecutando alguna de las siguientes
medidas:
Celebrando contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas
personas con discapacidad.
El monto anual de estos contratos no podrá ser inferior al equivalente a veinticuatro
ingresos mínimos mensuales respecto de cada trabajador que debía ser contratado por
la empresa para cumplir con la obligación de contratación en forma directa.
El resultado de la suma del número de personas con discapacidad contratadas en
forma directa por la empresa y aquellas contratadas por la o las empresas que le
prestan servicios, deberá ser a lo menos equivalente a la obligación total de
contratación que debía cumplir.
Asimismo, las empresas que presten servicios a las empresas obligadas deberán tener
registrados los contratos de las personas con discapacidad en el registro en el sitio
electrónico de la Dirección del Trabajo, con prescindencia del número total de sus
trabajadores.
Efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones,
corporaciones o fundaciones a las que se refiere el artículo 2 de la ley N°19.885, esto
es, aquellas instituciones deben tener por finalidad proveer directamente servicios a
personas de escasos recursos o con discapacidad y estar incorporadas en el Registro de
Donatarios del Ministerio de Desarrollo Social.
El monto anual de las donaciones efectuadas no podrá ser inferior al equivalente a
veinticuatro ingresos mínimos mensuales ni superior a doce veces el límite máximo
imponible establecido en el artículo 16 del decreto ley Nº 3.500, de 1980, respecto de
cada trabajador que debía ser contratado por la empresa.

Limitación de responsabilidad: Los contenidos y materiales de este documento no
constituyen asesoría legal. Este documento sólo tiene fines informativos, es de
carácter general sobre la Ley de Inclusión y no pretende ser exacto ni completo. Está
sujeta a actualizaciones y correcciones. Aninat, Schwencke & Cia. Ltda. no es
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