Tax Law

Impuesto al Aumento de Valor por Ampliación al Límite Urbano

Bárbara Neyra

Directora Departamento Tributario

Aninat Schwencke & Cía.

 

El pasado 15 de febrero fue publicada la Ley N° 21.078, la cual establece un nuevo impuesto, cuya finalidad es gravar la plusvalía o aumento de valor que se genera respecto de un inmueble producto de su inclusión al radio urbano.
La norma en comento, entrará a regir a partir del 15 de agosto de 2018, incrementando en
consecuencia la carga tributaria que afectará a la ganancia de capital y rentabilidad asociada a la enajenación de estos inmuebles, ya que por una parte se afectará con los impuestos establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta y, por la otra, con este nuevo impuesto al aumento de valor por ampliación al límite urbano.

A continuación, pasaremos a analizar los principales aspectos vinculados a este nuevo
impuesto:
• Hecho gravado: Se gravará con este impuesto el mayor valor obtenido en enajenaciones
a título oneroso de bienes raíces situados en Chile, o derechos constituidos sobre éstos, o
de cuotas poseídas en comunidad respecto de tales bienes, que se encuentren en zonas
incluidas en un proceso de ampliación al límite urbano.
Este impuesto se aplicará a todas las enajenaciones que se efectúen a contar del inicio
del proceso de ampliación del límite de zona urbana y hasta la primera enajenación que
se efectúe después de la publicación de la modificación del plano regulador que amplíe el
límite urbano. Las enajenaciones posteriores que se efectúen respecto del inmueble, no
se encontrarán afectas.
De esta forma, se grava con este impuesto el incremento de valor experimentado por el
inmueble producto del proceso de ampliación del límite urbano.
No se afectarán con este tributo las enajenaciones de los inmuebles que se encuentren
en zonas incluidas en un proceso de ampliación de radio urbano que se realicen
transcurridos dieciocho años contados desde cualquiera de los siguientes hechos que
ocurra primero:
a) La fecha de publicación del plan regulador que amplíe el límite urbano. En este caso,
debe tratarse de la primera transferencia del inmueble efectuada a contar de dicha
fecha.
b) Fecha de inicio del proceso de ampliación del límite urbano. Se trata de cualquier
enajenación efectuada entre el proceso de ampliación del límite urbano y la
publicación de la modificación del plan regulador, siempre y cuando haya transcurrido
el plazo de 18 años desde esa fecha.

• Exenciones: Se encuentran exentas de este gravamen las enajenaciones en que el
precio o valor asignado no exceda de 5.000 UF.

• Base Imponible: Será la diferencia entre el “valor comercial final” y el “valor comercial
inicial” del inmueble respectivo, valor que se reajustará mensualmente en base a un
índice de variación del valor de los bienes raíces rurales que deberá confeccionar el SII.

El valor comercial inicial, en el caso de la primera enajenación gravada, corresponderá a
la tasación que para estos efectos determine el SII. Para las enajenaciones posteriores,
hasta la primera enajenación ocurrida después de publicada la modificación al plano
regulador, el valor comercial inicial será equivalente al valor de adquisición del inmueble.

El valor comercial final será determinado por el SII respecto de la primera enajenación
que se efectúe una vez publicada la modificación al plano regulador, o las que se
efectúen antes de este hecho, pero transcurridos 7 años desde la fecha de notificación
del acuerdo que aprueba el anteproyecto de modificación del plan regulador.

En las enajenaciones que se efectúen en el tiempo intermedio entre el inicio del proceso
y la publicación de la modificación del plan regulador, el valor comercial final será el
establecido en el respectivo contrato, a menos que hayan transcurrido más de 7 años
contados desde la notificación del acuerdo que aprueba el anteproyecto, donde se utiliza
el valor determinado por el SII.

• Tasa: Este impuesto tendrá una tasa de 10%, aplicada al mayor valor determinado en
base al procedimiento anteriormente indicado y no podrá ser deducido como gasto en la
determinación de la RLI del enajenante, en caso que se trate de contribuyente de
Impuesto de Primera Categoría.

Asimismo, este impuesto es independiente a la tributación que, de acuerdo a las normas
de la Ley de Impuesto a la Renta, afecte a la ganancia de capital obtenida en la
enajenación, lo que en la práctica incrementaría la carga tributaria asociada a un 20%,
en el caso de personas naturales afectas a Impuesto Único, o a un 35% – 37% en el
caso de contribuyentes de impuesto de primera categoría.

• Declaración y pago: Este impuesto deberá ser declarado y pagado en el mes de abril
del año siguiente a la percepción o devengo de la renta, lo que ocurra en primer
momento.

Proyecto de ley de Modernización de la Legislación Tributaria

Por Bárbara Neyra, directora Área Tributaria Aninat Schwencke & Cía.

El jueves 23 de agosto de 2018 fue ingresado al Congreso el Proyecto de Ley que moderniza la legislación tributaria.

Dentro de los principales aspectos contenidos en el Proyecto, se destacan los siguientes:

  1. Integración del sistema tributario. Vuelve la integración total, lo que implica que el Impuesto de Primera Categoría pagado por las empresas puede ser imputado en su totalidad contra el Impuesto Global Complementario que grave los retiros, por lo que se produce la eliminación del régimen de renta atribuida y se equipara la tasa de Impuesto de Primera Categoría que será de 27%. Adicionalmente, se simplificará la mantención de registros, eliminando la obligación de mantenerlos en ciertas circunstancias particulares.

2. Se modifica la normativa de deducción de gastos, aceptando no solo aquellos inevitables u obligatorios que se vinculen a rentas generadas por el contribuyente, sino que se permite en términos generales la deducción de todos los gastos asociados al giro de la empresa.

3. Se modernizan los conceptos de reorganizaciones empresariales, incorporando aspectos asociados a reorganizaciones de carácter internacional.

4. Se establece un régimen PYME al que se ingresará de forma automática, teniendo derecho, en ciertos casos, a una tasa reducida del Impuesto de Primera Categoría de 25%. La novedad es que las PYMES deberán llevar contabilidad completa, y opcionalmente se permite tributar directamente a nivel de los propietarios finales con Impuesto Global Complementario, siendo en estos casos entidades transparentes (muy similares a las pass through norteamericanas, como las LLC o las C Corporations). Adicionalmente, se establece un sistema de declaración en base a la propuesta generada por el SII respecto de las PYMES de menores ingresos, caso en el cual se determinará una rentabilidad promedio por tipo de actividad económica desarrollada.

5. Se efectuarán cambios al sistema de Stock Option.

6. En materia de IVA, se incrementa el valor de las viviendas respecto de las cuales se puede optar al crédito de la construcción de 4.000 UF. Las viviendas de rango de precio entre 2.000 y 4.000 UF tendrán derecho a recuperar el 45% del crédito fiscal asociado a la construcción, y las de un precio de hasta 2.000 UF el 65%.

7. Se establece la obligación del SII de definir mediante resolución el concepto de habitualidad en la venta de bienes raíces bajo parámetros objetivos.

8. En materia de tributación internacional, se regulan y simplifican normas de crédito por impuestos pagados en el extranjero, se aclara el concepto de establecimiento permanente, se da una nueva definición de la jurisdicción tributaria preferente y se aclara el concepto de Project finance para créditos afectos a Impuesto Adicional de tasa 4%.

9. Se crea un impuesto a las plataformas digitales en caso de que éstas sean utilizadas por personas naturales, el que tendrá una tasa de 10% del valor del servicio, el cual deberá ser retenido, declarado y pagado por las entidades emisoras de tarjetas de crédito con las que se perfeccione el pago. En caso de que la plataforma sea utilizada por empresas, se aplican las normas generales del Impuesto Adicional.

10. Se modifica la tributación de la ganancia de capital asociada a la venta de acciones que no reúnan los requisitos para ser consideradas ingreso no renta, estableciendo un impuesto único de tasa 20%.

11. Se establecen normas transitorias de depreciación instantánea y un régimen mixto de instantánea (por el 50% del valor del activo) y acelerada por el 50% restante.

12. Se aumenta el plazo de duración de beneficios tributarios a zonas extremas (Ley Navarino, Ley Arica y Parinacota, entre otras).

13. Se incorpora un Impuesto Sustitutivo al FUT de tasa 30% al cual pueden optar los contribuyentes durante un plazo transitorio.

14. Nueva norma de repatriación de capitales, en virtud de la cual en el plazo de un año se permite declarar inversiones, activos y bienes en el extranjero. En este caso, la tasa a aplicar será del 10% de los montos y rentabilidades declaradas, y la novedad es que no solo considera inversiones, fondos líquidos y valores, sino que incorpora activos tales como bienes raíces.

15. Modernización de la justicia tributaria, estableciendo la opción de transar en el TTA, y de lograr avenimientos extrajudiciales con el SII para poner término a litigios pendientes. También considera norma transitoria para realizar avenimientos en juicios actualmente pendientes en los TTA.

16. Se aclaran conceptos en las normas anti elusión, estableciendo en forma clara que éstas solo aplican a las hipótesis de elusión expresamente indicadas en el Código Tributario y prohibiendo que hechos fiscalizados puedan posteriormente someterse a las normas anti elusión y viceversa.

17. Se regulan las facultades de fiscalización del SII. Novedad, fiscalización de pérdidas y determinación de Capital propio Tributario dentro de los plazos de prescripción (se admiten excepciones, pero reguladas).

18. Se hacen aplicables los principios generales del Derecho Civil para que el SII interprete las normas tributarias.

19. Se crea la figura Defensoría de Derechos del Contribuyente (DEDECON), a la cual se puede recurrir para revisión de actuaciones del SII.

20. Se permite la aplicación de Recurso Jerárquico en contra de resoluciones u otros actos de autoridad de funcionarios del SII.

21. Se regula el silencio administrativo bajo las reglas generales (en caso de silencio, se entiende respuesta afirmativa).