Departamento de Estudios

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LAS COMFORT LETTER – CARTAS DE PATROCINIO

Por Luis Alberto Aninat Urrejola

Introducción (1) (1)Trabajo realizado en conjunto con Cristóbal Valenzuela

Las comfort letters o cartas de patrocinio son una forma de garantía propia de las relaciones
comerciales habidas en el contexto de los usos bancarios, estrechamente relacionados con
el financiamiento de grupos empresariales; es decir, en los términos del art. 96 de la ley
18.045, un conjunto de sociedades que presentan vínculos de tal naturaleza en su propiedad,
administración o responsabilidad crediticia, que hacen presumir que la administración
económica o financiera, de sus integrantes está guiada por intereses comunes del grupo o
subordinada a estos o que existen riesgos financieros comunes en los créditos que se les
otorgan. Y, uno podría agregar, en las que unas se benefician de la solvencia, reputación y
confianza del mercado en las otras.
A continuación haremos un análisis de la naturaleza jurídica, clasificaciones, requisitos y
efectos de las comfort letter o cartas de patrocinio en el derecho chileno.

1. Concepto
Así, las cartas de patrocinio han sido definidas como (i) declaraciones escritas, emitidas
generalmente por la sociedad matriz a través de la cual se pretende asegurar el buen
resultado de la operación bancaria de una sociedad filial; o bien (ii) como cartas
emitidas por el o los accionistas de una sociedad a través de la cual se suscribe un
compromiso para mantener ciertas condiciones de la sociedad que han sido tenidas a la
vista para la conclusión de una operación de financiamiento, tales como la participación
accionaria, la dirección de la sociedad, o el compromiso de apoyo financiero a la
deudora.

La carta de patrocinio como garantía, por tanto, presenta un carácter trilateral, al
intervenir tres partes: (i) el deudor o beneficiario (generalmente, sociedad filial); (ii) el
acreedor (generalmente, entidad de crédito), y (iii) el emisor o patrocinador
(generalmente sociedad matriz), que en virtud de su prestigio y solvencia, asume el
papel de garante en la relación con el acreedor (2).
La doctrina española ha señalado que el patrocinador asume una obligación de resultado
con el acreedor, garantizando -más que el cumplimiento exacto de la obligación del
deudor- la indemnidad patrimonial del acreedor.
Porque, cuando un patrocinador emite una carta de patrocinio, si bien puede en ciertos
casos asumir obligaciones jurídicamente exigibles, en la base de esta forma de garantía
mercantil está el compromiso reputacional del emisor, que (i) declara conocer o estar
conforme –de allí su nombre- con la operación y, eventualmente, (ii) se obliga a
mantener ciertas condiciones de su relación con el deudor que comprometen su
prestigio y crédito comercial.

2. Origen y Función.

El uso de las cartas de patrocinio se encuentra, como decíamos, en las prácticas
bancarias, se remonta a las décadas 50 y 60 del siglo XX y ha ido adquiriendo cada vez
mayor relevancia.
En la actualidad, por parte de los bancos o acreedores financieros generalmente suelen
aconsejar su utilización cuando (i) el deudor es una empresa bien calificada desde el
punto de vista del riesgo pero existen dudas acerca de la continuidad de algunas
variables, por ejemplo su administración, la participación accionaria de algún
accionista, su volumen de negocios, etc.; y (ii) cuando la viabilidad de la empresa
deudora depende en gran medida del apoyo que le sigan prestando sus socios u otras
entidades del grupo empresarial al que pertenezca, si es el caso.

Y, por parte del deudor y del emisor, es un instrumento que presenta ventajas porque
(i) permite no sobrecargar el pasivo de la sociedad emisora ya que la emisión de la
carta de patrocinio no queda reflejada en sus documentos contables; o (ii) porque en
algunas jurisdicciones permite evitar la aplicación de disposiciones fiscales que gravan
la circulación de capital entre sociedades de un mismo grupo (3) ; y (iii) también permiten
salvar los inconvenientes que en algunos sistemas jurídicos vienen impuestos por la
normativa las sociedades en relación a la prestación de garantías y créditos entre
sociedades relacionadas.

3. Características. Indeterminación.
Así entonces, nos encontramos frente a una garantía personal que afecta o grava la
reputación y crédito comercial del garante y que satisface al acreedor en atención a su
prestigio y las relaciones de confianza que mantiene con él, sea una sociedad matriz, un
accionista controlador u otro que pueda contribuir a que una operación de
financiamiento concluya en los términos previstos, por la vía de comprometer el
mantenimiento de ciertas variables financieras o administrativas y, sólo en algunos
casos, prestaciones más directamente vinculadas con el pago de la obligación financiera
del deudor.
De allí que una característica particularmente distintiva de las cartas de patrocinio -y
que amerita que hayan sido incluidas justamente en este seminario sobre calificación e
interpretación de estipulaciones mercantiles- es que tienen un componente importante
de indeterminación, de una cierta ambigüedad de su objeto y contenido.
Esta ambigüedad no es fruto del descuido de quien las emite o las acepta, sino que, por
el contrario, es buscada deliberadamente por ellos.
Por el contrario, el emisor de la carta de patrocinio la elige por la indeterminación de
sus efectos jurídicos derivados de la carta de patrocinio, en el sentido que goza de la
ventaja de un margen de tiempo para determinar con el acreedor el carácter de su
obligación.
Por su parte, el acreedor también utiliza en su favor la falta de certeza en torno al
carácter de la obligación asumida por el emisor de la carta de patrocinio, en la medida
que eventualmente podrá reclamar una indemnidad patrimonial, que en ocasiones puede
ser más conveniente que el cumplimiento de la obligación del deudor (4).

4. Requisitos.
En el contexto de la indeterminación y cierta ambigüedad en su contenido que
presentan las comfort letters, los requisitos que en la práctica comercial y bancaria
generalmente se exigen para producir sus efectos indemnizatorios, son mínimos y
consisten básicamente en que (i) la identificación precisa de la persona o entidad que
asume la responsabilidad de mantener las condiciones financieras, de propiedad o
administración en el deudor o de prestarle apoyo financiero en ciertas circunstancias,
sin constituir por ello una fianza propiamente tal, sino de una forma aceptable para el
acreedor en atención a su relación de confianza con el patrocinador; (ii) que en la carta
se hayan cumplido ciertas solemnidades que garanticen la veracidad de las
declaraciones; y, finalmente, (iii) dado el carácter recepticio de esta declaración
unilateral de voluntad, requiere que el compromiso del patrocinador resulte aceptado
por el acreedor en orden a la realización de la operación proyectada. Aceptación que
conforme a la naturaleza de la figura, no tiene carácter formal o expreso, pudiendo ser
tácita o presunta, particularmente inferida de la relación de causalidad entre la emisión
de la carta de patrocinio y la realización de la operación de financiación que la motiva (5).

5. Calificación y Efectos.
Cumplidos esos requisitos mínimos, el contenido y alcance de las comfort letters y su
carácter vinculante o no, va a depender de la calificación e interpretación que se le dé,
porque la falta de tipicidad de estos instrumentos -como es habitual en el ámbito
bancario- dificulta su encuadre dogmático.
En general la doctrina comprada las ha entendido como un “negocio de garantía
indemnizatoria o de indemnidad patrimonial alternativo a la fianza, el aval o la boleta
bancaria de garantía, cuyos efectos dependerán de si se les considera en una de dos
categorías; (i) cartas débiles o no vinculantes o (ii) cartas fuertes o vinculantes.”
(i) Las cartas débiles sólo contienen declaraciones dirigidas a comunicar al acreedor
que (a) el patrocinante conoce la existencia del crédito que se concede al deudor y que
(b) manifiesta su conformidad con tal operación; y (c) además, para zanjar cualquier
duda sobre su obligatoriedad, habitualmente contienen una estipulación en cuanto a que
el patrocinante no se convierte en garante de la obligación contraída por el deudor.
Es decir, el emisor se manifiesta dispuesto a no desconocer la operación si se produjera
una dificultad en su ejecución, pero sólo como una obligación moral sujeta a la
confianza que existe entre las partes, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que su
incumplimiento pueda acarrear para el emisor derivadas de la frustración de la
confianza del acreedor.
(ii) Las cartas fuertes, en cambio, incluyen declaraciones dirigidas a asegurar al
acreedor (a) la permanencia de ciertas circunstancias que fueron consideradas
relevantes al momento de conceder el crédito, y (b) deberes de prestación que
habitualmente consisten en obligaciones de hacer.
Dichas obligaciones comportan una garantía personal atípica, distinta de las
obligaciones que existen entre el acreedor y el fiador.
En primer lugar, porque el patrocinador no queda obligado a ejecutar en favor del
acreedor una prestación idéntica a aquélla que adeuda el deudor principal o
patrocinado, sino otra de distinta naturaleza y contenido que consisten en prestaciones
de indemnidad patrimonial respecto del buen fin o resultado de la operación financiera
proyectada a cargo del acreedor.
En segundo lugar, porque este cambio en el objeto u obligación garantizada también
comporta una clara modificación de la obligación del fiador en relación con su
accesibilidad y subsidiaridad.
En suma, la doctrina mayoritaria en el derecho comparado ha reconocido juridicidad a
las cartas fuertes, y, en cambio, respecto de las cartas débiles las ha considerado como
“meros pactos entre caballeros”.
Aunque, esta tendencia también ha evolucionado y merecido ciertas calificaciones. En
Italia, por ejemplo, se considera que las cartas que solo contienen compromisos
extrajurídicos o morales serían la excepción y que, en términos generales, las
declaraciones que incorporan las cartas de patrocinio se producen en el plano jurídico,
de tal manera que cuando no aparezca una voluntad distinta, la relación entre
patrocinador y destinatario habrá de entenderse como perteneciente a la esfera del
Derecho (6). Así, actualmente la doctrina italiana –respaldada por su jurisprudencia-
entiende de forma mayoritaria que lo que habrá de demostrarse es la voluntad de
constituir una mera relación de cortesía entre las partes, y no lo contrario (7) .
Y una postura mayoritaria de la doctrina española, señala que la falsedad de aquellas
declaraciones contenidas en una carta de patrocinio permitiría exigir una
responsabilidad extracontractual de su emisor.

6. Fuente de la Obligación.
Se acepta, entonces, que en determinadas circunstancias, la emisión de una carta de
patrocinio puede tener el carácter vinculante y generar obligaciones en un régimen
propio para el emisor o patrocinador.
Se discute, sin embargo, dónde radica la fuente de dicha obligación. Se ha sostenido desde que el fundamento obligatorio se encuentra en que constituyen
una aceptación de una propuesta de financiamiento del acreedor y, por tanto, tendrían
un carácter bilateral, hasta que se trata de un hecho voluntario del patrocinante.
Esta última es la posición que ha adoptado la Corte Suprema, que en una sentencia del
año 2011, resolvió que la fuente de la obligación para el patrocinador de una confort
letter se encuentra en que ella reviste el carácter de un hecho voluntario en los términos
del art. 1437 del CC que cumple con los requisitos exigidos del art. 1445 del mismo
código, es decir, una declaración unilateral de voluntad hecha con la potencialidad de
obligar al declarante.
Sobre el particular, la Corte Suprema, conociendo de un recurso de casación sostuvo
que “el contenido de la carta en análisis se encuadra en un sentido amplio en el
concepto de hecho voluntario a que se refiere el art. 1.437 del CC y que reúne los
requisitos del art. 1445 del mismo código,(…) Se trata de una obligación determinada,
asumida por los suscribientes a raíz del incumplimiento de ciertas conductas u
obligaciones que se detallan, manifestada con un objetivo específico y concreto: el
pago bajo ciertas condiciones de la deuda de un terceros, que conforme al instrumento,
si bien se refiere a una persona jurídica diversa y que no comparece al acto, se
encuentra vinculada con una de las demandas por lasos societarios que las llevó a
adquirir las obligaciones de que se trata”.
Y luego intentó una cierta calificación de la carta sub lite, señalando que “no puede
dejar de advertirse en la actualidad la existencia de un sinnúmero de operaciones
mercantiles que escapan a la teoría clásica de los contratos que pretenden afianzar o
reforzar comercialmente una operación, con la finalidad, entre tantas, de contribuir al
mejor posicionamiento de una parte ante la otra y que de acuerdo a su destino podrán
contener estipulaciones con carácter vinculantes (…)”.

7. Las cartas de patrocinio y su encuadramiento dogmático en ciertas
instituciones típicas
– Las cartas de patrocinio y la fianza.

La fianza es la garantía personal por excelencia, y se encuentra definida en el artículo
2335 del Código Civil (8).

En el derecho español se ha sostenido que toda declaración contenida en una carta de
patrocinio de la que no resulte claramente una voluntad de obligarse por parte del
patrocinador, se debe interpretar privada de efectos obligatorios, por aplicación del
artículo 1827 del Código Civil Español – equivalente al artículo 2347 de nuestro
Código Civil-, que establece que la fianza no se presume. Por el contrario, y siguiendo
el mismo principio, se dice que las declaraciones fuertes deben ser interpretadas como
compromiso.
Una idea similar exponen Ulrich Drobnig e igualmente Anne Walace, en cuanto a que,
para crear un vínculo jurídico, estas cartas deben contener una fianza.
La vinculación jurídica de esta clase de cartas no viene dada por su consideración en sí
mismas, sino por la fianza que portan, solución que es evidente y lógica. Sin embargo,
si se analiza la estructura de ambas modalidades de garantía, se concluye que su
equiparación no resulta posible; si bien ambas están destinadas a desempeñar una
función socioeconómica análoga, se trata de instrumentos jurídicamente diferentes.
El primer argumento que puede llevar a concluir que una carta de patrocinio puede
constituir verdaderamente una fianza, es la interpretación que se le ha dado al artículo
2347 del CC. Es cierto que la fórmula empleada por el legislador en esta norma
importa la prohibición que el consentimiento del fiador sea prestado tácitamente,
exigiéndose que la voluntad de obligarse como tal se manifieste expresamente, por el
peligro patrimonial que la fianza trae para el constituyente. Sin embargo, se ha
entendido que basta para cumplir esa exigencia con que se exprese una voluntad de
afianzar sin que queden dudas al respecto, no siendo necesario el empleo de frases
sacramentales.

Pero que ello sea así, nada indica respecto de la carta de patrocinio. Si las partes han
recurrido a ella para garantizar una obligación, atribuir a su voluntad otro significado
por medio de una reconducción hacia la figura central de las garantías personales
importa un flagrante desconocimiento de ese propósito: el deseo de las partes no es
otorgar una fianza, porque así lo habrían dicho. Su propósito es obviar determinados
aspectos y consecuencias que son esenciales a dicha forma de garantía.
Existe otra gran diferencia entre ambas garantías; mientras el fiador en la fianza se
compromete a hacerse cargo de la obligación del deudor principal en caso de
incumplimiento de este, en la carta de patrocinio el patrocinador no se compromete a
cumplir en lugar del patrocinado, sino que se obliga a ciertos deberes que están
encaminados a conseguir que el deudor cumpla (9). Así pues, la obligación que asume el
patrocinador puede adoptar un contenido muy diverso, pero sin que de ello se pueda
deducir que asume una obligación de reembolso subsidiaria. Por tal razón, en la
ejecución de una carta de patrocinio, el patrocinador no paga una deuda ajena, sino que
da cumplimiento a una que le es propia.
Por otro lado, existe también la diferencia en el contenido y dirección de las
obligaciones a que dan lugar ambas garantías. En la fianza, la obligación de fiador es
siempre de dar, y está dirigida al acreedor, mientras que en la carta de patrocinio puede
generar obligaciones de hacer o no hacer no dirigidas necesariamente hacia aquel (10).
En conclusión, si el acreedor aceptó el otorgamiento de una carta de patrocinio en
garantía del crédito que concedía y el deudor gestiono que aquello ocurriera, es porque
ambos no quisieron constituir fianza, sino un instrumento distinto; más aún, quisieron
evitar la utilización de alguna garantía tradicional.

– Las cartas de patrocinio y la firma de favor en una letra de cambio.

La carta de patrocinio se aproxima a una firma de favor en una letra de cambio, porque
con la intervención del patrocinador en una determinada operación financiera como la que acaece con la emisión de la carta, lo que realmente se produce es el aumento en el
crédito de una persona. Dicha finalidad se consigue a través de la recomendación que
ha hecho el patrocinador frente al acreedor, sin que ello importe, al mismo tiempo, la
prestación de una garantía.

-Las cartas de patrocinio y la estipulación a favor de otro.

Se podría pensar que la carta de patrocinio de lugar a un contrato a favor de un tercero,
porque del acuerdo del patrocinador y el acreedor resulta beneficiado el deudor, que es
un tercero en esa relación. La atención se centra, pues, en ciertos aspectos externos de
la relación de la relación de garantía, que parece prestada “a favor de un tercero”.
Sin embargo, esta conclusión no puede ser admitida, por varias razones. En primer
lugar, porque a través de dicha afirmación se diluye el carácter esencial que tiene la
carta de patrocinio, cual es garantizar (en sentido amplio) una obligación. Este
propósito que está detrás de estos instrumentos tiene alcances bastante más amplios
que el de un simple acto de liberalidad a favor de un tercero distinto de los
contratantes, que lo que ocurre generalmente en la estipulación a favor de otro. En
segundo lugar, el beneficiado con la carta no es solo el deudor que ve que gracias a ella
se le otorga el crédito, sino el acreedor, que a través de aquélla busca una cierta
seguridad de que el crédito que está concediendo será restituido en su oportunidad, y el
propio patrocinador, por la indeterminación de su eficacia que tiene esta figura. Por
último, la aceptación que se exige para que el derecho se radique en el patrimonio del
tercero y pueda ser ejercido por éste, también está ausente en las cartas de patrocinio,
por cuanto es absurdo suponer que el deudor debe aceptar el crédito cuando él es el
primer interesado en que éste le sea otorgado y para ello realiza las gestiones que
concluyen en el otorgamiento de la carta.
Por estas razones, más que una estipulación a favor de otro, en un supuesto como el
indicado lo que realmente existe es un mandato de crédito (11).

8. Jurisprudencia.

El más claro y comprensivo ejemplo jurisprudencial sobre esta materia se encuentra
entre nosotros en el juicio iniciado por Banco Bice que interpuso demanda ordinaria de
cobro de pesos en contra de las sociedades Inmobiliaria e Inversiones Pellín Limitada,
Inversiones Las Cepas Limitada, Inversiones Los Notros Limitada, Inversiones La
Espalderas Limitada y Vergara Rourke y Compañía Limitada para se le condonase a
cada una de ellas a pagar las deudas directas e indirectas a que se encontraba obligada
la Sociedad de Inversiones Villarrica Limitada (12).

El banco funda su demanda en la suscripción de una carta del 18 de octubre de 1996,
por la cual las demandadas se obligaron a pagar, en caso de incumplimiento de las
obligaciones y compromisos que dicho instrumento contenía, todas las deudas directas
e indirectas que la Sociedad de Inversiones Villarica Limitada mantuviese con aquella
institución. Sucedió que se infringieron los compromisos previstos en el N° 4 y 8 de la
referida carta, que consistían en que la sociedad singularizada no cedería ni enajenaría
sin previo aviso al banco los activos fijos o financieros que representasen más del 50%
del activo total. En los meses de mayo y julio de 1998, Inversiones Villarrica había
enajenado sus activos en esa proporción, de lo que se dio cuenta al banco el 31 de julio
de ese año.
Al contestar la demanda, Inversiones Las Espalderas solicitó su íntegro rechazo, dado
que no existía título válido que permitiese la condena de las sociedades demandadas.
En su parecer, aquel que invocaba el banco demandante era una simple declaración
unilateral de voluntad, que no daba cuenta de la existencia de un acuerdo previo entre
las distintas partes, esto es, entre los declarantes y el banco y, en consecuencia, no
generaba obligaciones para ninguna de ellas. Argumentaba que el banco demandante
no podía pretender que se reconociesen efectos jurídicos al documento en cuestión,
porque este carecía de causa, al no existir reciprocidad entre las prestaciones de las
partes, sin que se pudiese considerar que ella daba cuenta de una mera liberalidad, dado que de ser así el acto transformaría en una donación, sin cumplir con las exigencias que
la ley impone para estas.
La Corte Suprema señaló que la carta en análisis se encuadra, en un sentido amplio,
dentro del concepto de hecho voluntaria a que se refiere el artículo 1437 del Código de
Bello y que reúne los requisitos del artículo 1445 del Código Civil. Se trata de una
obligación determinada, asumida por los suscribientes a raíz del incumplimiento de
ciertas conductas u obligaciones que se detallan, manifestada con un objetivo
específico y concreto, el pago bajo ciertos condiciones de la deuda de un tercero, que
conforme al instrumento, si bien se refiere a una persona jurídica diversa y que no
comparece al acto, se encuentra vinculada con cada una de las demandadas por lazos
societarios que las llevó a adquirir las obligaciones de que se trata. No puede en ningún
caso sostenerse al tenor de la redacción de la carta mencionada, que se trata de una
declaración simplemente moral o de buena voluntad, que no impone obligación alguna
para sus suscribientes (…).
Del fallo se concluye, que sin importar si se trata de cartas “fuertes” o “débiles” ellas
comportan siempre el carácter de un negocio jurídico de garantía, por el cual una
persona (el patrocinador), para estimular una iniciativa de otra (el acreedor), asume,
con o sin compensación, todo o parte del riesgo relacionado con ella, dentro de los
contornos de un instrumento variable por naturaleza. De este modo, el punto de
convergencia entre ambas clases de cartas se sitúa en la finalidad esencialmente
indemnizatoria que poseen, siendo el título de dicha responsabilidad el que dependerá
de la clase de carta de que se trate.

9. Conclusiones.
1.- Las cartas de patrocinio o comfort letter deben ser concebidas como un negocio
jurídico de garantía con finalidad indemnizatoria. La forma en que el riesgo en ellas
envuelto es finalmente asumido por el patrocinador será algo que se discutirá luego de
interpretar, integrar y calificar la carta.
2.- Si bien en las cartas “débiles” existe cierto consenso en cuanto a que deben ser
consideradas como meros acuerdos morales, sujetos a la confianza que existe entre las
partes, la eventual responsabilidad del patrocinador deriva precisamente de la
frustración de esa confianza.
3.- Respecto de las cartas “fuertes”, se han intentado los más variados encuadres
dogmaticos para circunscribirlas dentro de categorías ya existentes (por ejemplo, oferta
contractual, la escrituración de compromisos previos, contrato marco, confianza,
contrato de garantía, mandato de crédito, relaciones de colaboración empresarial, carta
de recomendación, firma de favor, garantía a primer requerimiento, promesa de hecho
ajeno, estipulación a favor de otro, expromisión, obligación de hacer, cláusula penal,
caución juratoria). Pese a estos esfuerzos, ninguna de estas soluciones es aceptable,
porque eliminan la especificidad que las cartas de patrocinio poseen dentro del elenco
de las garantías, y sustraen la funcionalidad que ellas portan y que las hace apetecibles
en sí como forma de resguardo para el acreedor, a pesar de su ambigüedad.
4.- Por estas razones, y sin importar si se trata de cartas “fuertes” o “débiles “, ellas
comportan siempre el carácter de un negocio jurídico de garantía, por el cual una
persona (el patrocinador), para estimular una iniciativa de otra (el acreedor), asume, con
o sin compensación, todo o parte del riesgo relacionado a ella, dentro de los contornos
de un instrumento variable por naturaleza. De este modo, el punto de convergencia
entre ambas clases de cartas se sitúa en la finalidad esencialmente indemnizatoria que
poseen, siendo el titulo de dicha responsabilidad el que dependerá de la clase de carta
de que se trate.

(2)Infante Ruiz, F.J., Las garantías personales y su causa, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 47.

(3)Eva María Domínguez Pérez. “Problemática de las cartas de patrocinio. Cometarios a algunos recientes pronunciamientos jurisprudenciales.” pág. 7

(4)Ídem, pág. 8.
(5)“Anuario de Derecho Civil. Derecho Mercantil. Carta de patrocinio”. pág. 343.

(6)Las Cartas de Patrocinio y la cuestionada Juridiciadad de las Cartas Débiles. Mónica Fuentes Navarro. P.270.
(7)Una evolución semejante se ha dado en España, donde algunos han señalado que la naturaleza jurídica de las “cartas débiles” sería semejante a la del contrato de mandato de crédito o bien que serían vinculantes basadas en normas de responsabilidad extracontractual.

(8)La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el deudor principal no la cumple.

(9)Esta diferencia también aplica para el caso de la solidaridad.

(10)Mismo comentario que pie de página anterior.

(11)El mandato de crédito es una figura atípica en el derecho chileno, pero de consagración legal en otros países. A través del mandato de crédito, una persona (el garante) encarga a otra (el acreedor), por vía de mandato o comisión, que conceda crédito a un tercero (el deudor). Su objetivo es, pues, la obtención de crédito para un tercero.

(12)El juicio se tramitó ante el 21 Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol N° 5489-2009.

Bibliografia
“The Law of contracts. Intention to create legal relations”
“How comforting is a comfort letter?” by Shawn Goldmintz.
“Las cartas de patrocinio” de Manuel María Sánchez Álvarez.
“Anuario de Derecho Civil. Derecho Mercantil. Carta de patrocinio”
“Problemática de las cartas de patrocinio. Cometarios a algunos recientes
pronunciamientos jurisprudenciales.” De Eva María Domínguez Pérez.
“Las cartas de patrocinio y la cuestionada juridicidad de las cartas débiles”. De
Mónica Fuentes Navarro.