Departamento de Estudios

El departamento de Estudios de Aninat Schwencke & Cía. confecciona periódicamente minutas de actualidad legal. Si desea acceder a ellas, por favor enviar un email a asyc@asyc.com.

Notas sobre la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de Quiebras y Títulos de Crédito

Por Luis Alberto Aninat Urrejola*
Resumen:

El presente trabajo pretende presentar un breve balance jurisprudencial en el
ámbito del Derecho Comercial, recogiendo sentencias destacadas de la Corte
Suprema durante los años 2011 a primer semestre del 2013, con especial énfasis
en materia de quiebra y títulos de crédito, y dentro de estos últimos, en
específico en cuanto a facturas, factoring, pagarés y cheques. Los fallos tocan
aspectos importantes para el ejercicio diario de aquellos abogados que se
dedican al derecho comercial, y, en general, de interés para el mundo de los
negocios.

Abstract:
This paper aims to present a brief overview of case law, in the field of
commercial law, collecting outstanding judgments of the Supreme Court during
the years 2011 to first half of 2013, with particular emphasis on bankruptcy and
debt, and within the last, specifically regarding invoices, factoring, promissory
notes and checks. These judgments play an important role in aspects of daily
exercise for those lawyers who engage in commercial law, and, in general, of
interest to the business world.

∗Profesor de Derecho Comercial, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Socio de Aninat, Schwencke & Cía. Agradezco la asistencia en la investigación de este artículo de don Miguel Ángel Pelayo Serna, miembro del Departamentos de Estudios de Aninat Schwencke & Cía, como los comentarios a los borradores de este trabajo del profesor de la Universidad de Valparaíso don Flavio Quezada. Cualquier error u omisión son de mi entera responsabilidad.

Introducción:
Se presentará un breve balance jurisprudencial de la reciente jurisprudencia de
la Corte Suprema en el ámbito del Derecho Comercial. Se escogieron los fallos
atendiendo su interés práctico y dogmático, resultando de aquello un especial
énfasis en materia de quiebra y títulos de crédito.
En la primera sección, se presentarán extractos de fallos destacados en materia
concursal, materia de interés y plena vigencia, toda vez que actualmente existe
un proyecto de Ley en tramitación que tiene por objeto modificar la actual
legislación concursal1 . Esta temática actualmente se encuentra regulada por la
Ley 18.175, normativa que ha mostrado, en la práctica, ser insuficiente, por
carecer de densidad normativa y claridad conceptual, lo que realza la
importancia de la jurisprudencia en esta materia.
En la segunda sección, se hará exposición de fallos relativos a los títulos de
crédito, asunto que también se destaca por su utilidad práctica, pues estos
instrumentos son utilizados intensamente en el día a día en los negocios.
Se finaliza el trabajo con un conjunto de conclusiones, resultado del análisis
realizado previamente.
1
Boletín 8324-03, Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo. La tramitación del proyecto puede ser revisada en:
http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=8324-03.
3
I.- Balance jurisprudencial en materia de quiebras
El concepto de “quiebra” no se encuentra definido por la ley 18.175,
actualmente vigente y que regula la materia. Antiguamente, el artículo 1325 del
Código de Comercio, hoy derogado por la ley que hemos referido con
anterioridad, sí lo hacía, estableciendo que: “La quiebra es el estado del
comerciante que cesa en el pago de sus obligaciones mercantiles”.
La definición era poco precisa e insuficiente. La Ley de Quiebras que vino a
derogar, entre otras cosas, dicho artículo, señala simplemente qué se entenderá
por juicio de quiebras2 . El enfoque de esta norma, como se sabe, es meramente
procedimental, ya que sólo identifica al juicio de quiebras como un
procedimiento de realización de bienes del deudor a fin de satisfacer los
créditos de sus acreedores.
En el actual proyecto de ley tampoco existe un concepto de quiebra. En general,
el actual proyecto en tramitación señala que la expresión “quiebra” deberá
entenderse como “Procedimiento Concursal”, que tomará distintas definiciones
según sea el caso3 .
Como se ve, el legislador no ha deseado adoptar un posición sustantiva respecto
a la quiebra, dejando el asunto a las discusiones doctrinarias y definiciones
jurisprudenciales.
En relación al concepto de quiebra, la Corte Suprema se ha pronunciado
recientemente al respecto. En su sentencia, Rol Nº 9027-2010, de fecha 25 de
abril del año 2011, se señaló lo siguiente:
“(…) la quiebra puede definirse como “El estado excepcional, en el
orden jurídico, de una persona, producido por la falta o
imposibilidad de cumplimiento igualitario de todas sus obligaciones,
declarado judicialmente”. (Álvaro Puelma Accorsi, Curso de
Derecho de Quiebras, Editorial Jurídica de Chile, 1985, pág.7)”.
Como se puede apreciar de la lectura de este extracto, la Corte Suprema se
remite a la doctrina para poder definir la quiebra, citando para ello al profesor
Puelma Accorsi, el cual comulga con la concepción legal procedimental que
hemos referido con anterioridad.
En esta misma sentencia, la Corte Suprema ha discurrido sobre el fundamento
que da lugar a la quiebra:
“(…) Para algunos, la causa de la quiebra es la situación de
impotencia de pagar, que en forma generalizada y permanente afecta
el patrimonio del deudor, circunstancia que va más allá del
incumplimiento de las obligaciones; si se considera el carácter de
defensa colectiva que la quiebra involucra, ella no puede ser
aplicada sino en los casos en que efectivamente se presenta una
2
Artículo 1º de la Ley 18.175: El juicio de quiebra tiene por objeto realizar en un solo procedimiento los bienes de una persona natural o jurídica, a fin de proveer al pago de sus deudas, en los casos y en la forma determinados por la ley.
3
Véase el artículo 2º numerales 27 y siguientes del proyecto de ley en tramitación.
4
Situación patrimonial crítica, en la que existen diversos intereses que proteger. La ley 18.175 siguió a la 4558 en cuanto para ella la cesación de pagos es la causa de la quiebra. En efecto, la ley vigente fija hechos reveladores absolutos y taxativos para acreditar la
existencia de cesación de pagos”.
La Corte hace mención de que la quiebra requiere necesariamente la existencia
de una situación patrimonial crítica, lo que se expresa en la cesación de pagos;
señalando, además, que la ley establece hechos definidos para acreditar la
existencia de tal cesación de pagos. En relación a esta impotencia patrimonial,
el fallo señala lo siguiente:
“(…) para referirse a la impotencia patrimonial de un sujeto, el
legislador ha utilizado expresiones como cesación de pagos,
insolvencia, mal estado del negocio del deudor o quiebra, cada una
de las cuales lleva inmersa la imposibilidad del deudor en el
cumplimiento de sus obligaciones. En este contexto, se afirma por la
doctrina que el fundamento del Derecho Concursal no es otro que el
estado de cesación de pagos. Concepto que ha originado profundas
discrepancias entre los autores y las legislaciones del mundo”.
A continuación se refiere a las teorías existentes sobre el concepto de cesación
de pagos:
“En efecto, según el criterio que se utilice existen tres teorías que
intentan definir el estado de cesación de pago, cuyo concepto
determina la legislación aplicable ante situaciones de incapacidad
de cumplimiento de obligaciones por parte del deudor. La primera,
denominada teoría materialista, identifica la cesación de pagos
como sinónimo de incumplimiento, cualquiera sea su entidad, sin
consideración alguna a las causas del incumplimiento o al estado
patrimonial del deudor; La segunda, denominada intermedia,
reconoce a la cesación de pagos como un estado patrimonial. Se
afirma que no existe cesación de pagos sin incumplimiento, pero no
siempre los incumplimientos importan la cesación de pagos, puesto
que este estado deberá ser apreciado por el juez en atención al
origen del incumplimiento, que persigue determinar si existe un
patrimonio impotente en el cumplimiento de sus obligaciones, que
revelen una situación de malestar económico que devenga del estado
de insolvencia general y permanente. Como lo sostiene el profesor
Puga Vial, para esa teoría el incumplimiento de una obligación
constituye una presunción iuris tantum, en oposición a la teoría
restringida, que la eleva hasta la calidad de una presunción iuris et
de iure. (“Derecho Concursal. El juicio de Quiebras” Tomo I,
Editorial Jurídica de Chile, 1999, pág. 52); Por último, la teoría
amplia o moderna, considera la cesación de pagos como un estado
patrimonial que se revela por numerosos hechos no señalados
taxativamente por la ley. El incumplimiento es un hecho revelador,
entre otros, que pueden demostrar que el deudor se encuentra en
imposibilidad de pagar”.
5
La Corte expone las tres teorías más difundidas al respecto, a saber, una de tipo
materialista, donde cesación de pagos es sinónimo de incumplimiento; una
segunda teoría intermedia, la cual entiende la cesación de pagos como un estado
patrimonial; y, finalmente, una teoría amplia o moderna, donde la cesación de
pagos es un estado patrimonial que se hace presente en la realidad por una seria
de hechos. A continuación, la Corte señala que en nuestro ordenamiento
jurídico la quiebra se considera como un estado económico de imposibilidad de
cumplimiento, lo que recoge en cierto modo lo señalado más arriba bajo la
mirada de la teoría moderna, nombrando una seria de causales establecidas en la
ley que dan cuenta de esta cesación de pagos. Estas causales se encuentra
establecidas en forma taxativa por la ley, y son los hechos reveladores que
constituyen el estado de cesación de pagos. Al efecto, la Corte establece lo
siguiente:
“En Chile el legislador, como se dijo en el motivo que antecede,
considera la quiebra como un estado económico del deudor que le
impide cumplir con sus compromisos. Su determinación se encuentra
en la concurrencia de diversas causales, que abarcan desde la mera
cesación de pago o incumplimiento de una obligación ejecutiva hasta
el cumplimiento de diversos requisitos que presuponen una
imposibilidad de satisfacer de manera igualitaria las obligaciones
del deudor. Estas causales de quiebra se encuentran consagradas en
un sistema de hechos reveladores del estado de cesación de pago,
con carácter de suficiencia para acreditarlo”.
Esta doctrina ha sido confirmada por la Corte Suprema también en un fallo más
reciente, el recaído en la causa Rol 5108-2012, de fecha 29 de enero de 2013.
Esta postura de la Corte Suprema, en tan discutido asunto doctrinal, nos parece
correcta, por cuanto, como señala Bayardo Goudeau, “sólo la teoría amplia
puede armonizarse mejor con el resto del ordenamiento jurídico, ya que ella no
desvirtúa la institución de la quiebra, como sí lo hacen las teorías materialista
e intermedia, ya que pretende que la legislación de quiebras se aplique cuando
estamos frente a un verdadero estado de cesación de pagos y no sólo frente a
un incumplimiento, racionalizando de esta forma la aplicación de este
instituto”
4
Este último punto de las declaratorias de quiebra es de especial interés, pues
constituyen los motivos que la ley establece con la aptitud suficiente para dar
inicio al procedimiento concursal. En la sentencia que comentamos al inicio, se
señala:
“(…) las causales de declaratoria de quiebra son de derecho estricto
de manera tal que, habiéndose invocado en la especie la del Nº 1 del
artículo 43, esto es, la de que el deudor que ejerce una actividad
comercial, industrial, minera o agrícola, cese en el pago de una
obligación mercantil con el solicitante, cuyo título sea ejecutivo, no
4
GOUDEAU, Bayardo. Conceptos sobre la insolvencia, cesación de pagos, suspensión de pagos, crisis económica y empresas en dificultad. En VV.AA. Salvamento de las Empresas en Crisis. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2001. Pág. 174.
6
puede estimarse que ha concurrido ya que los jueces del fondo no
pudieron determinar la obligación u obligaciones insolutas (…)”.
Si bien la Corte señala en su análisis sólo una de las causales de quiebra que
establece la ley, cabe destacar la primera parte de esta nota, donde se señala que
tales causales son de derecho estricto. Lo que quiere decir esta redacción, es
que estas causales sólo pueden ser aplicadas en la forma y en los casos para los
que se encuentran estrictamente regulados, no siendo posible la aplicación
analógica o fuera de los términos establecidos en la ley.
La doctrina de este fallo, en relación a las causales de quiebra, ha sido
confirmada por fallo de la Corte Suprema, Rol Nº 2641-2012, de fecha 25 de
junio del año 2012.
Como último comentario, resulta a la vista la utilidad didáctica de la sentencia
de 2011, por su extenso desarrollo de institutos y discusiones concursales, por
lo que tendrá provechoso análisis en clases.
Respecto de la inhibitoria de quiebra, o, en otras palabras, el modo en que se
puede enervar la declaratoria de quiebra por parte del deudor, la Corte Suprema,
en la sentencia recaída en la causa Rol 1298-2012, de fecha 2 de abril del 2013,
señaló lo siguiente:
“(…) artículo 43, como lo es el que comprende su frase final, esto
es, el haberse presentado “bienes bastantes para responder a la
prestación que adeude y las costas”. Lo que inhibe la declaratoria de
quiebra no es una o más ofertas, única o reiterada, de mayor o de
menor monto, sino la presentación de bienes bastantes para
responder a la prestación que se adeuda y las costas. Ayuda a este
respecto el inciso segundo del artículo 45 de la preceptiva en
análisis, por cuanto de él fluye con claridad que en la audiencia al
deudor “éste podrá consignar fondos suficientes para el pago de los
créditos que hubieren servido de base a los solicitud de quiebra y las
costas correspondientes, en cuyo caso no procederá la declaración
de quiebra.”Pago. Nada más”.
“(…) más allá de ello, resulta que el último de los incisos del
artículo 70 de la Ley de Quiebras es bastante decidor al prever que
los embargos que estuvieran decretados en los procedimientos que se
agregue a la quiebra, quedarán sin valor desde que ella se declare,
lo que quiere decir que tales embargos usualmente subsisten hasta el
momento de la declaratoria de quiebra, con lo cual no resulta
procesalmente legítimo que un deudor que está siendo ejecutado
pretenda imponer a su ejecutante una suerte de obligación de alzar
los embargos para pagarle con el producto de los bienes sobre los
que recaen”.
La Corte sigue un criterio que denominaremos de tipo objetivo en relación a la
posibilidad de la inhibición de la quiebra, ya que exige que se presenten
efectivamente bienes suficientes para satisfacer los créditos y los gastos
adicionales de los acreedores, no bastando una oferta u ofrecimiento. La Corte
resume lo anterior en una sola palabra, que da cuenta de la claridad y
7
contundencia de lo enunciado, declarándose que lo único que procede es el
pago y nada más.
En suma, la Corte Suprema hace una definición en la que se remite a la doctrina
para establecer el elemento distinto de la quiebra, haciendo hincapié en el
concepto de cesación de pagos, estado sobre el cual existe abundante discusión,
haciendo este Tribunal mención a las principales posturas al respecto,
finalizando tal exposición con una referencia a las causales expresamente y
taxativamente establecidas en la legislación concursal nacional.
II.- Balance jurisprudencial en materia de Títulos de Créditos
En esta sección de nuestro balance, haremos mención a variada jurisprudencia
sobre facturas, pagarés y cheques, en relación a algunos aspectos de interés para
la práctica profesional. Los fallos seleccionados consisten en jurisprudencia
destacada de la Corte Suprema entre el año 2011 hasta el primer semestre del
presente año.
Partiremos con la sentencia de la Corte Suprema del 17 de julio del año pasado,
Rol Nº 3053 – 2012, en la cual se hizo referencia a las obligaciones que se
derivan de la emisión de un título de crédito. En esta oportunidad se señaló al
respecto que:
“…el hecho de emitirse una letra de cambio o suscribirse un pagaré,
ya sea para facilitar el cobro de una obligación o bien para
garantizarla, hace nacer un nuevo derecho personal de que es titular
el acreedor, del que -en conformidad a lo dispuesto en la parte final
del artículo 578 del Código Civil- emana una acción para exigir su
cumplimiento y que la ley denomina acción cambiaria”.
“De lo expuesto no cabe sino concluir que esta última acción es
necesariamente distinta de la que ha nacido en virtud del derecho
personal generado en razón del contrato que motivó la emisión de la
letra o la suscripción del pagaré o, dicho con otras palabras, de la
relación jurídica que dio origen al título de crédito…”.
En primer lugar, la Corte hace mención de que, al emitirse un título de crédito,
surge una obligación en los términos del artículo 578 del Código de Derecho
Común, esto es, surge un crédito para el acreedor en contra del deudor, lo que
se traduce en un derecho personal protegido por una acción para exigir su
cumplimiento, que se denomina acción cambiaria. En el siguiente párrafo la
Corte menciona la independencia entre la acción cambiaria, que protege el
cumplimiento de la obligación que nace en conjunto al título de crédito, y la
acción que protege el contrato o acto jurídico que da origen al título de crédito.
Respecto al mismo punto, cabe destacar la sentencia de la Corte Suprema
recaída en la causa Rol 10938 – 2011, de fecha 17 de abril del 2012, en la que
se hace mención a la independencia de los títulos de créditos:
“(…) históricamente se ha entendido que la abstracción e
independencia de los títulos de crédito y de las facturas, en su caso,
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no existen en nuestro ordenamiento legal en términos absolutos,
puesto que constantemente se ha señalado que la inoponibilidad de
las excepciones personales sólo tiene lugar con posterioridad a la
circulación del título de crédito, de manera tal, que es claro que al
portador sucesivo nunca han podido oponérsele excepciones basadas
en relaciones personales del obligado con el beneficiario original,
no pudiendo la inoponibilidad ser alegada por el obligado al pago,
una vez que tales instrumentos circularon y su actual tenedor está
tratando de cobrarlos”.
De la lectura del considerando anterior, es importante destacar las restricciones
a la inoponibilidad, pues la Corte reconoce que ella no es absoluta, al indiacar
que las acciones personales sólo tendrán lugar una vez que circule el título en
cuestión, por lo que, si el título no ha comenzado a circular, por ejemplo, por
endoso, las excepciones personales siguen siendo oponibles entre las partes de
la relación jurídica.
Sobre la regulación atingente a los títulos de crédito, la jurisprudencia ha
señalado los cuerpos normativos relevantes al respecto, reconociendo que no
existe en nuestro país una legislación orgánica sobre la temática, cuestión que,
a nuestro juicio, debiera abordar el Legislador. En la sentencia del 5 de mayo
del 20115 , se hace mención a los siguientes cuerpos normativos:
“En el Derecho positivo chileno no existe un tratamiento general de
los títulos-valores, sino que existe un variado conjunto de normas
que disciplinan aisladamente aspectos separados del régimen
jurídico aplicable a documentos de diferentes características, a
saber: Ley Nº 18.092, Letra de cambio y pagaré; Ley Nº 18.552,
Tratamiento de títulos de crédito; D.F.L. Nº 707, Cuentas corrientes
bancarias y cheque; y, últimamente la Ley Nº 19.983, publicada en el
Diario Oficial de 15 de diciembre de 2004, denominada “Ley que
regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la
factura”.
Respecto a las facturas, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que
son un instrumento jurídico que tiene una doble dimensión o una doble calidad,
entendiéndose que, no sólo tiene una naturaleza de tipo tributario sino que
adicionalmente, tiene un carácter de verdadero título de crédito, esto en virtud
de la Ley 19.9836 . La Corte, en el mismo fallo recién citado señala en extenso
sobre este punto lo siguiente:
“(…) la factura, que actualmente adquiere una doble calidad, por
una parte es un documento con evidente naturaleza tributaria, y por
la otra, el legislador le ha asignado un carácter de verdadero título
de crédito o título-valor. Según la doctrina, título de crédito o títulovalor
es “un documento transferible cuya posesión es necesaria para
ejercer el derecho literal y autónomo que en él se representa”
(César Vivante, citado por Ricardo Sandoval L. Derecho Comercial,
Edit. Jurídica. Año 2001, T.II, p. 11). La incorporación documental
5
Fallo de la Corte Suprema, Rol Nº 9269-2009, de fecha 05 de mayo del 2011.
6
Ley 19.983, “Ley que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura.
9
de los derechos literales y autónomos representados en los títulosvalores
supone que el ejercicio y la transmisión de tales derechos
resultan extraordinariamente facilitados al apoyarse en la
legitimación atribuida por la posesión de los títulos. En efecto, en el
plano del ejercicio del derecho, la utilización del título ofrece un
camino excepcionalmente fácil para demostrar la existencia del
derecho y la legitimación para exigir su cumplimiento. Y, en el plano
de la transmisión del derecho, en la consideración de la entrega del
documento en que éste se representa como un requisito mínimo
exigido por la identificación del derecho con soporte material
(Guillermo Jiménez, Derecho Mercantil, t. II, Editorial Ariel 2004,
p. 12)”.
Uno de los asuntos más importantes en toda obligación, es el relativo a la
prescripción extintiva de las acciones que cautelan estas, que en el caso de las
facturas dice relación con el plazo de prescripción de la acción ejecutiva que
deriva de estos títulos. La Corte Suprema ha señalado al respecto, en el fallo
Rol 3203-2012, del 28 de noviembre del 2012, lo siguiente:
“…ya en otras oportunidades, esta Corte ha señalado que la gestión
preparatoria de notificación judicial de la cuarta copia de factura y
el juicio posterior, en este caso declaratorio de quiebra, constituyen
una unidad procesal, aun cuando materialmente puedan existir dos
cuadernos diversos, sin que ello obste a la unidad del proceso. En el
sentido expresado, se puede agregar que el legislador sólo ha
requerido en forma perentoria que “la primera notificación a las
partes o personas a quienes haya de afectar sus resultados, deberá
hacérselas personalmente”, atendido lo ordenado por el artículo 40
del Código de Procedimiento Civil, la que se entiende cumplida al
notificarse la gestión preparatoria de la vía ejecutiva y luego la
resolución que provee la demanda, en este caso verificada
fictamente…”.
“…lo anterior resulta acorde con lo que estatuye el artículo 100 de
la Ley N°18.092, aplicable al cobro de las letras de cambio, pagarés
y asimismo al de cheques (por remisión del artículo 11 de la Ley
sobre cuentas corrientes bancarias y cheques), en orden a que “la
prescripción se interrumpe sólo respecto del obligado a quien se
notifique la demanda judicial de cobro de la letra, o la gestión
judicial necesaria o conducente para deducir dicha demanda o
preparar la ejecución”, norma que, si bien trata sobre otros
instrumentos mercantiles, diversos a los que de aquí se analizan,
aborda idéntica situación a la que se prescribe tratándose del título
fundante de la presente acción, escenario que lleva a colegir que si
existe la misma razón, resulta procedente arribar a idéntica
conclusión…”.
“…del análisis previo resulta indefectiblemente que el plazo de
prescripción aplicable en la especie, que prevé el artículo 10 de la
Ley N° 19.983 y que debe computarse a partir del vencimiento de las
facturas, se ha interrumpido con la notificación efectuada al
10
obligado, es decir, con la notificación de la gestión preparatoria de
la ejecución, razón por la cual los títulos fundantes de la solicitud de
quiebra, no se encuentran prescritos”.
Otro punto que es importante destacar, es el factoring, que es un modo o
alternativa de financiamiento usado a diario por las empresas nacionales para
obtener liquidez rápida por las acreencias de las que son tenedores pero que aún
no son cobrables, contrato muy utilizado en el país por las pequeñas y medianas
empresas. La Corte Suprema, en sentencias, Roles 2243-2010, del 1 de enero
del 2011, y en sentencia 2605-2010, de fecha 3 de agosto del 2011, señala sobre
el concepto de factoring lo siguiente:
“…el factoring o factoraje se ha considerado siempre una
herramienta financiera que permite transformar las cuentas por
cobrar en recursos líquidos inmediatos, a través de un contrato
previo de cesión de facturas, de cuentas por cobrar y/o créditos
documentados, donde existirá un pago anticipado del instrumento
pendiente de pago para el cedente, siendo el costo de la
operación, un descuento sobre el precio indicado en la factura
que realizará el cesionario o la empresa de factoring”.
En esta materia, ha surgido la discusión sobre si son aplicables o no las normas
de publicidad que rigen la cesión de créditos a la gestión del factoring. La
Corte Suprema, en el fallo Rol 2328-2010, de fecha 7 de julio del 2011, ha
dejado en claro que sí son aplicables tales reglas, en atención a los efectos de
este contrato, que son, en forma principal, la transferencia de créditos. Sobre
este punto la Corte señaló:
“…la sola consideración de los efectos del contrato de factoring,
cuya finalidad principal no es otra que la transferencia de
créditos de propiedad del cedente al patrimonio del cesionario,
determina sostener que a la luz de lo reflexionado
precedentemente, aparece del todo inaceptable suponer que
las medidas de publicidad establecidas expresamente por el
legislador para cautelar la adecuada y transparente transferencia de
los títulos de crédito, puedan ser omitidas, después de celebrada
dicha convención, en virtud de arrogarse el cesionario un mandato
del cedente para el cobro de acreencias que ya dejaron de ser suyas,
más aún en el caso de cheques ex tendidos en forma nominativa, los
que conforme prevé el artículo 14 de la Ley de Cuentas Corrientes
Bancarias y Cheques “sólo podrán ser endosados a un Banco en
comisión de cobranza”, situación en que -tal como se colige del
tenor literal de la citada disposición legal-, revela una
circunstancia, a lo menos, incierta, cual es, la posibilidad de que
dichos instrumentos hayan podido ser objeto de una cesión de
crédito”.
Esta jurisprudencia se complementa con la dictada por la Corte Suprema en
fallo del 19 de julio del 2012, Rol 2832-2012, en la que se expresó sobre la
notificación en la cesión de créditos, la siguiente afirmación:
11
“(l)a notificación, entonces, constituye un requisito de publicidad
destinado a poner en conocimiento del deudor la cesión de manera
tal que satisfecha la notificación o su aceptación- opere la
oponibilidad de dicha convención ante el deudor y los terceros. Su
trascendencia resulta manifiesta puesto que a través de ella el
deudor no sólo se entera del acto de la cesión, sino que dicha
diligencia constituye además la oportunidad que el deudor tiene
para oponer las excepciones que no resultaren del título cedido,
conforme al artículo 163 del Código de Comercio”.
“…la excepción de pago es precisamente una de aquellas que afecta
al título cedido, puesto que se trata de una excepción real que puede
ser opuesta tanto al acreedor del crédito como también al
cesionario…”.
En suma, respecto de las facturas, la Corte Suprema ha dejado asentado su valor
como títulos de crédito, lo que se encuentra plenamente respaldado en la
legislación vigente, señalando además la forma de contar los plazos de
prescripción de la acción que deriva de ellas, como también la total
aplicabilidad de las normas de publicidad de la cesión de créditos a la práctica
del factoring, tema sobre el cual también se ha referido un concepto que recoge
la realidad de la práctica comercial de esta herramienta financiera.
La Corte en materia de títulos de Crédito también ha resuelto asuntos en
relación a los pagarés; pasaremos ahora a exponer algunos fallos que apuntan a
temas interesantes sobre ellos.
Un fallo que destaca por la postura desarrollada, es el fallo de la Corte Suprema
de fecha 3 de julio del 2012, Rol 3101-2012, donde se hacen pronunciamientos
en relación a dos temas: la prescripción de acción de cobro de pagaré contra los
avalistas, y, en segundo lugar, la forma y el tiempo en que se puede ejercitar un
mandato, otorgado a la parte tenedora del título, de prórroga de un pagaré.
Sobre el primer punto, la Corte dispuso en la sentencia que:
“…si bien es cierto los avalistas son codeudores solidarios no
interesados conforme a lo dispuesto en los artículos 1511 y
siguientes del Código Civil, ello no empece a que, conforme a los
artículos 4 y 13 del mismo Código, que sientan el principio de la
especialidad de las normas jurídicas, haciendo precisamente
prevalecer a las especiales respecto de las generales, los avales son
instituciones de carácter mercantil que están especialmente
regulados en la ley 18.092 y, particularmente, en lo tocante a la
interrupción de la prescripción, precisamente, en el artículo 100 de
la referida ley…”
“…conforme, entonces, al inciso primero de la norma especial
citada en el motivo precedente “La prescripción (se refiere a la de la
acción cambiaria) se interrumpe sólo respecto del obligado a quien
se notifique la demanda judicial de cobro de la letra, o la gestión
judicial necesaria o conducente para deducir dicha demanda o
12
preparar la ejecución”, norma que es aplicable al pagaré por el
artículo 107 de la misma ley…”.
Lo que señala esta jurisprudencia, es que la prescripción sigue corriendo para el
avalista del pagaré, en conformidad a la legislación especial de la Ley 18.902,
en relación a los artículos 100 y 107 de la misma.
En cuanto al segundo punto, la Corte ha establecido que los mandatos de
prórroga deben ser ejercidos sólo dentro del plazo de cumplimiento del título,
no procediendo ejercerlo pasado ese término. En este sentido la sentencia
establece que:
“…la estipulación que otorgó un mandato y facultó a la entidad
bancaria para prorrogar el vencimiento del plazo del pagaré, debe
entenderse, concedió al acreedor una atribución que debía
efectuarse en un término extintivo -“al vencimiento del plazo”-,
calificación que necesariamente lleva a concluir que la llegada de
dicho plazo extintivo sin que el acreedor haya hecho uso de la
facultad de prorrogar unilateralmente el vencimiento del
instrumento cambiario, puso fin a los efectos del acto jurídico
“mandato de prorrogas”, extinguiendo, en este caso, el derecho del
acreedor de hacer uso de tal potestad…”
“…que permitiese al acreedor entender dicha expresión en términos
tales que producido el vencimiento del plazo, se le permitiere hacia
el futuro ejercer la facultad de prorrogar unilateralmente esa fecha
a su mera potestad, determinaría, en la practica (sic), la aceptación
de un mandato ejercido en perjuicio del mandante, en contravención
a lo dispuesto en el artículo 2119 del referido cuerpo legal, toda vez
que se consentiría en que el acreedor fijara a su solo arbitrio la
época en que se iniciaría el plazo de prescripción de las acciones de
cobro que la ley le reconoce, lo que además de transgredir normas
de orden público, indisponibles para las partes, resultaría también
ciertamente cuestionable desde el punto de vista de la equidad…”.
La sentencia funda su argumentación en dos cosas. En primer lugar, señala que
es lógico entender que tales mandatos que habilitan a la entidad bancaria a
prorrogar el vencimiento de un título de crédito, como es en el caso un pagaré,
debe ser ejercido antes del vencimiento del plazo del documento. Como
segunda razón, señala que entender la facultad en otro sentido, sería contravenir
la explícita norma del artículo 2119 del Código Civil, ya que se convertiría en
un mandato en perjuicio del mandante, fundamentando finalmente este
raciocinio en razones de equidad y orden público.
Para finalizar estas notas jurisprudenciales sobre títulos de créditos, haremos
una referencia a fallos donde se discuten aspectos relevantes en torno al cheque,
instrumento regulado en el DFL N° 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y
Cheque, que, aunque actualmente tiene un menor uso debido a la irrupción de
los medios digitales de pago, sigue siendo un instrumento utilizado, por lo que
es interesante hacer presente algunas precisiones que la jurisprudencia ha
señalado respecto a estos.
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En cuanto al concepto de cheque, la jurisprudencia de la Corte7 ha señalado al
respecto que:
“…el legislador considera el cheque como una orden de pago
dada a un banco. Ahora bien, lo que caracteriza una orden es que la
persona a quien va dirigida debe cumplir lo que en ella se le
requiere, esto es, la autoridad de la persona o institución de la que
emana la orden compele al destinatario de ella a ejecutarla. Esto
último es lo que diferencia a la orden de una recomendación, un
consejo, una solicitud o una sugerencia. Por lo demás, el inciso 1°
del artículo 1° de la misma ley estatuye que la cuenta corriente
bancaria es un contrato en virtud del cual un banco se obliga a
cumplir las órdenes de pago de otra persona -entre ellas
el cheque- hasta concurrencia de las cantidades de dinero
que hubiere depositado en ella o del crédito que se haya
estipulado”.
Este fallo destaca el carácter de orden que tiene el cheque, lo que trae aparejado
que el banco, a su sola presentación, deberá proceder a cumplir con la entrega
de los fondos contra la cuenta corriente que figura en el cheque se presenta a
cobro. Es interesante el concepto de orden, puesto que el banco no puede
comenzar a discutir sobre el mérito del documento, bastando sólo verificaciones
de tipo formal pero no de fondo, y debiendo luego a proceder al pago del monto
señalado en esta orden.
Doctrina similar ha sido sostenida por la Corte en los fallos Roles 6923-2011,
de fecha del 26 de marzo del 2013, 6198-2012, del 22 de abril del 2013. En este
último fallo la Corte señaló:
“(…) de conformidad con lo estatuido en el inciso 1º del artículo 10
del D.F.L 707, el cheque es una orden escrita y girada contra un
banco para que éste pague, a su presentación, el todo o parte de los
fondos que el librador pueda disponer en cuenta corriente, y que si
bien en el cheque deben consignarse las menciones contempladas en
el artículo 13 del citado cuerpo legal, lo cierto es que ni en su
artículo 11 ni en ninguna de sus demás disposiciones, se exige que el
lleno de los cheques deba efectuarse en un solo acto, y a contrario
sensu, es dable admitir que tal operación puede hacerse en actos
posteriores, específicamente al momento de ser entregados en pago o
en comisión de cobranza, evidentemente que firmados, desde un
primer momento, por el titular de la correspondiente cuenta
corriente o alguien que actúe por él”.
En relación al protesto del cheque, este fallo señala que:
“El protesto del cheque como acto que da testimonio de que el
documento no fue pagado por el banco librado, es efectivamente un
acto solemne, por cuanto la ley exige ciertas formalidades para su
validez. Ahora bien, conforme con lo dispuesto en el artículo 33 del
D.F.L. 707, los cheques sólo podrán protestarse por falta de pago,
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Fallo de la Corte Suprema, Rol Nº 971-2010, de fecha 14 de julio del 2011.
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aunque los motivos de esa falta de pago pueden ser variables, y el
protesto debe estamparse en el dorso del cheque, al tiempo de la
negativa de pago, expresándose la causal, la fecha y la hora, con la
firma del librado, sin que sea necesaria la intervención de un
Ministro de Fe, de lo que se sigue que no existe limitación alguna a
efectos de consignar una o más causas de protesto. El mérito
ejecutivo que se reconoce al cheque, esta condicionado a que se
notifique judicialmente el protesto al deudor y no se tache de falsa la
firma estampada en el mismo ni se consignen fondos para responder
de su pago, dentro del plazo legal”.
Como bien señala la Corte, el único motivo que justifica el protesto de un
cheque, cumpliendo las formalidades pertinentes para este trámite, es la falta de
pago. Esto ha quedado aún más claro con lo sentenciado en fallo Rol 2386-
2012, de fecha 15 de junio del 2012, donde se estableció que:
“(…) el único motivo legal que justifica el protesto de un cheque es
la falta de pago, la cual el banco librado puede justificar en
situaciones de disímil origen, algunas, de responsabilidad del
librador, que eventualmente podrán traer aparejado también un
compromiso penal y, otras, que lejos de ello, se explicarán en
razones meramente formales, no obstante lo cual, todas ellas
permitirán al legítimo tenedor del documento poner en conocimiento
del obligado al pago el protesto de que se trate, con la finalidad de
otorgarle, en definitiva, mérito ejecutivo, en la eventualidad de que
dicha gestión preparatoria sea promovida eficazmente”.
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Conclusiones
Atendido el objetivo del presente trabajo, cual es exponer notas sobre la
jurisprudencia reciente de la Corte Suprema en nuestra área, y lo previamente
desarrollado, es posible arribar a un conjunto de conclusiones, a saber:
1.- La Corte Suprema, en materia de quiebras, (i) ha continuado con la visión
procedimental que, a su juicio, recogería nuestro ordenamiento jurídico; (ii)
respecto a la cesación de pagos acoge la tesis amplia o moderna, indicando que
las causales legales o hechos reveladores son de derecho estricto; y, por último,
(iii) ha señalado que la inhibitoria de quiebra sigue un criterio objetivo,
consistente en la exigencia de una presentación efectiva de bienes. Estos
tópicos los expone en fallos fundados en buenas síntesis doctrinales y
jurisprudenciales que permiten su utilización como buenos materiales
didácticos para nuestras clases.
2.- En materia de títulos de créditos ha precisado que la abstracción que los
caracteriza no es absoluta, dado que la inoponibilidad es un efecto que surgiría
con posterioridad a la circulación del respectivo título.
3.- Hace presente la actual dispersión normativa en materia de títulos de
crédito, situación que, a mi juicio, urge de una actuación legislativa que venga a
sistematizar en un cuerpo legal orgánico, a lo menos, los principios y normas
básicas de esta área del Derecho Comercial.
4.- La Corte Suprema expone que la factura tendría una doble naturaleza: como
un documento de “evidente naturaleza tributaria” y, a la vez, un título de
crédito, de cumplir con las formas que exige la ley.
5.- Nuestro máximo tribunal reitera su doctrina conforme la cual la gestión
preparatoria de notificación judicial de la cuarta copia de una factura, y su
posterior juicio, constituyen una unidad procesal, a lo que no obsta el hecho
que, materialmente, existan cuadernos distintos. Ello lleva a concluir que la
notificación personal sería exigible sólo en la etapa preparatoria, conforme se
desprende del artículo 100 de la Ley N° 18.092. De esta manera, el hecho
interruptivo de la prescripción sería dicha notificación.
6.- De igual manera, esta jurisprudencia reconoce la autonomía conceptual y
material del factoring, como que, atendida su naturaleza, deberá serle aplicable
las normas sobre publicidad para la cesión de créditos, a fin de “cautelar la
adecuada y transparente” transferencia de los títulos.
7.- Precisa que, atendido el principio de especialidad, el cobro judicial de un
pagaré no interrumpe la prescripción del avalista.
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8.- Se señala que el mandato de prórroga sólo podrá ser ejercido dentro del
plazo de cumplimiento del respectivo título, por cuanto aceptar una solución
distinta implicaría aceptar un mandato en perjuicio del mandante, cuestión
prohibida legalmente, permitiendo que pueda ejercerlo a su pleno arbitrio, lo
cual atenta, además, contra el orden público.
9.- Por último, se precisa respecto del cheque: (i) su carácter de orden al banco,
lo cual es, a mi juicio, un trascendental elemento interpretativo para resolver
conflictos y sistematizar las normas a su respecto; (ii) que la ley no exige que
su “lleno” acontezca en un solo acto, así, es perfectamente lícito aceptar que
ello se realice en diversos momentos; y (iii) que su protesto es un acto solemne
que sólo puede ser motivado por su falta de pago.